La querella de Baltar contra el exgerente se paraliza hasta que se resuelva el caso sobre la caja B

La Audiencia comparte el criterio de suspensión del juez instructor

02.04.2016 | 03:35

José Manuel Baltar consumó con una querella su amenaza de actuar con "contundencia" contra el exgerente del PP de Ourense durante 27 años, Emilio Pascual, que en 2014 relató y documentó a la magistrada Pilar de Lara la existencia de una presunta caja B en el partido, como testigo en la Pokemon, después de que Baltar padre declarase en calidad de imputado. El presidente del PP de Ourense buscó el aval de su formación en una junta directiva para defenderse por la vía judicial, a título particular y como líder del partido. La acción penal llevó, ya el año pasado, a la apertura de diligencias. El caso deberá esperar. La Audiencia Provincial, confirmando el criterio del juez instructor, ordena que la denuncia por calumnias e injurias se paralice hasta que se resuelva el caso sobre la caja B.

El tribunal ratifica la decisión adoptada en diciembre de 2015 por el magistrado del caso, el titular de Instrucción 2, Luis Doval. La acción se limitó a los delitos de calumnias e injurias, no a los de revelación de secretos por falta de competencia territorial, acordándose la suspensión del procedimiento mientras no recaiga resolución firme en el de la caja B "o se acredite que no se investigan los hechos objeto de la querella".

Contra esa decisión del juez instructor formuló recurso de apelación el abogado del presidente, el mismo letrado de Madrid que lo asiste en el caso sobre un supuesto ofrecimiento de empleo a una mujer a cambio de sexo. Baltar discutía, en primer lugar, la decisión de acumular en un solo caso su querella personal y la del PP de Ourense, al entender que las manifestaciones del exgerentes afectaban por separado. La Audiencia comparte "por entero los razonamientos que llevan al Instructor a la tramitación conjunta de ambas querellas, por tener el mismo objeto, y venir referidas a idénticos hechos".

Baltar tampoco compartía la suspensión hasta que hubiera resolución del proceso sobre la caja B. En cambio, la Audiencia Provincial entiende que "la decisión acertada" es paralizar. La juez De Lara ordenó el pasado noviembre que el caso sobre la financiación ilegal se investigara en Ourense, pero fuentes judiciales aseguran que, cuatro meses después, aún no ha llegado.

Sobre los posibles delitos de la denuncia contra el exgerente, "únicamente cabe discrepar de la resolución impugnada en lo que hace a la inadmisión parcial de las querellas en relación al presunto delito de revelación de secretos, y no sólo por la declarada incompetencia territorial, que no se comparte, sino porque tal y como resulta de las actuaciones, la querella nunca fue admitida a trámite por tal delito, existiendo incluso una resolución, de carácter firme, por la que se denegó una aclaración en relación a este extremo".

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