En el núcleo rural de A Almuzara construyó su casa el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño (PP). El regidor tiene la condición de investigado por una presunta falsedad para legalizar su vivienda con el PXOM. Supuestamente certificó en 2010 la existencia, ya en 1999, de una casa que sería construida diez años después. La Fiscalía considera que lo hizo con el "ánimo de alterar la realidad jurídica y permitir la inclusión de la finca en el núcleo delimitado en el plan, para permitir la legalización. La actuación del alcalde fue "a sabiendas de que faltaba a la verdad", según la acusación pública.

El caso fue denunciado por la oposición. También pleiteó en vía contenciosa contra la delimitación del núcleo tradicional, que llegaba hasta la finca del regidor. Llevó el caso inicialmente Miguel García Iglesias, fallecido en 2014, y lo continuó su compañero de despacho, Javier Calvo. En una sentencia conocida ayer, el Supremo confirma la anulación del planeamiento en A Almuzara, rectificando, por incongruencia omisiva, la primera resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La letrada de la Xunta ha solicitado una aclaración al Supremo, ya que en la redacción no queda claro si la anulación es solo del polígono de A Almuzara o de todo el PXOM, aunque como esto último no fue solicitado, fuentes del caso dan por hecho que afecta al núcleo. La sentencia obligaría a repetir la delimitación del entorno tradicional rural. El Concello defendía que los concejales no estaban legitimados para denunciar el PXOM por haberlo votado en pleno, pero el Supremo entiende que sí están facultados al haber votado en contra de la aprobación.

Por otra parte, el juzgado que investiga al alcalde por un supuesto delito de falsificación documental, tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio ha ordenado repetir la prueba de caligrafía, después de que la Guardia Civil solicitase "nuevas muestras". Será el lunes. La Fiscalía sostiene que el alcalde "emitió y firmó" en marzo de 2010 un certificado en que "hace constar" que una vivienda situada en una finca suya y de su esposa "está terminada desde 1999". La actuación del alcalde fue "a sabiendas de que faltaba a la verdad". Según el regidor, el cambio de fecha se debió "a un error subsanable" del técnico municipal de urbanismo que escribió una certificación al Catastro sobre la casa.