"Se van a casa a olvidar esta terrible pesadilla". El SUP, principal sindicato de la Comisaría de Ourense, dio a conocer así la puesta en libertad ayer de los dos compañeros arrestados el martes tras una investigación de Asuntos Internos, con la presunta permisividad a determinados traficantes -confidentes que eliminaban competencia a base de "chivatazos"-, en el punto de mira. El inspector jefe de la brigada de estupefacientes, A. R. F., y uno de los agentes de la misma unidad, F. M. A., fueron puestos en libertad con cargos poco antes de las 9 de la noche, once horas después del inicio de una intensa jornada de interrogatorios. El juez que llevó el caso bajo secreto durante meses, Leonardo Álvarez, los obliga a comparecer cada semana en el juzgado. El instructor explica en el auto que la puesta en libertad se produce porque "si bien existen indicios bastantes de delito sobre sustancias nocivas para la salud, al no haberse solicitado la prisión por ninguna de las partes procede acordar su libertad provisional con la sola obligación "apud acta" de comparecer ante este juzgado".
El magistrado sí decretó el ingreso en prisión preventiva de Josefa Pérez, alias "La Pucha", una histórica en el ambiente de las drogas de Ourense que tenía hilo director con el jefe de unidad, así como de otro principal implicado, apodado "El Tronquito", más un tercero cuya identidad es J.V. Explican las fuentes consultadas por FARO que la "Pucha" ni siquiera se sentía tolerada. "Ella colaboraba sin más", dice una persona que asistió a su declaración. En alguna de las grabaciones reproducidas en el interrogatorio se la oye preguntar al policía por la matrícula de determinados coches camuflados, por si pudieran vigilarla. También hablan de "un kilo" en otra de las conversaciones.
La toma de declaraciones exigió a juez, fiscal y abogados en una jornada maratoniana. Han rendido cuentas ante el juez un total de 13 personas: 10 a su casa -varios directamente desde la Comisaría-; tres al centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. En la fase principal de esta operación de Asuntos Internos, que se deriva de una investigación iniciada en el juzgado en el año 2014, han sido detenidas un total de 13 personas, incluidos los agentes. Las actuaciones suman más de 2.000 folios, nutridos de vigilancias, algún testimonio y pinchazos telefónicos. En sucesivos registros en el barrio de Covadonga y en un garaje de automóviles de la ciudad fueron incautados unos 5,5 kilos de cocaína, 1 kilo y medio de hachís y aproximadamente la misma cantidad de heroína; indicios para los investigadores de que los traficantes implicados podían operar impunemente a cambio de dar "chivatazos". También se han decomisado unos 70.000 euros y armas cortas.
Las sospechas alcanzan a más personas que las que sufrieron el calabozo. El caso continúa abierto y la fase de instrucción se prevé larga y laboriosa. El jefe de unidad y el otro policía podrían enfrentarse a cargos de omisión del deber de perseguir delitos, contra la salud pública, falsedad y revelación de secretos, si en este asunto se imponen los delitos habituales en este tipo de operaciones.
Cambios en la unidad
Pero además de estos dos agentes, FARO pudo confirmar ayer que actualmente ya están formalmente imputados otros dos policías nacionales del mismo grupo. Estarían implicados por una supuesta revelación de secretos. Explicaron ayer fuentes del caso que estos otros policías bajo investigación declararon ante Asuntos Internos el jueves. Se presume que en los próximos días tengan que dar su versión ante el magistrado Leonardo Álvarez.
La brigada estaría así investigada en su práctica totalidad. De los 6 efectivos del catálogo, uno no ha sido incriminado en estos hechos porque, según algunas fuentes, estaba de baja. Otro agente se incorporó hace unos días a un nuevo destino en otro departamento de la Comisaría Provincial.
Tras llegar casi al límite del plazo legal de detenciones, el juez empezó la ronda de interrogatorios con el jefe de estupefacientes y su compañero. El inspector fue el primero en ser interrogado. Estuvo 3 horas contestando a las preguntas del juez y el fiscal. Unas dos horas declaró el otro agente. A los policías se les preguntaba intercalando las llamadas intervenidas durante los meses en que tuvieron el móvil pinchado. Tras pasar la noche previa en casa, junto a sus familiares y un compañero de confianza, los policías llegaron a primera hora al edificio judicial. Después de declarar, fueron trasladados a la Comisaría para esperar el dictamen del juez. Leonardo Álvarez los citó a las 20,30 horas para notificarles el auto en el que decretaba su puesta en libertad al no haber pedido prisión la fiscal de guardia, Pilar Manso.
