Medio centenar de personas, entre sindicalistas de CC OO y UGT y funcionarios, se concentraron ayer por la mañana ante el edificio judicial de Ourense para denunciar los "problemas estructurales" que han dejado una sucesión de incidencia desde la puesta en marcha, el pasado marzo, de una infraestructura de 17 millones de euros.
Los dos sindicatos convocaron la protesta "en defensa de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios " de la sede. Cuestionan la "calidad de los materiales". Desde que fue inaugurada la estructura, los dos sindicatos contabilizan al menos "tres caídas graves" de varios usuarios. El último incidente grave tuvo lugar el pasado 15 de octubre, al desencajarse parte de un cristal de la fachada principal del edificio.
Para UGT y CC OO los problemas desde la inauguración de la sede ponen en duda la seguridad de trabajadores y de los usuarios, pese a que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Xunta de Galicia ha dictaminado que el inmueble cumple la normativo y ha fijado un plan de acción para mejorar parámetros como la iluminación artificial de las oficinas donde trabajan los funcionarios. UGT calcula que costará 30.000 euros más. Antes del verano, la Xunta ya instaló barandillas para evitar más caídas. Descartó cambios estructurales, la mayoría de la treintena de peticiones -varias "urgentes- que canalizó el juez decano con el consenso de todos los sectores.
"El problema es que el edificio judicial no contenta a nadie, ni a los usuarios ni contenta a los funcionarios", ha lamentado el portavoz de UGT, Manuel Carvajal. Su sindicato suma 3 denuncias ante Inspección de Trabajo y aún espera que el Concello de Ourense aclare si el edificio, que carece de ventanas, respeta la normativa de evacuación en caso de incendio. Hace días desveló que no hay desfibrilador, local de refugio en caso de emergencias ni bocas de agua para los bomberos.
