Una nueva providencia emitida por el Concello de Ourense ha retrasado la demolición de la vivienda de la familia de Reza. La demolición de la casa, sobre la que pesa una setencia de derribo después de denuncias continuadas de un vecino desde hace 24 años, se realizará el próximo lunes después de que el ejecutivo local nombrase un nuevo equipo técnico para dirigir los trabajos de demolición. Precisamente, el rechazo del anterior arquitecto y la renuncia del jefe de obra a realizar los trabajos motivó el retraso de los trabajos que deberían haberse llevado a cabo esta mañana. En la providencia envida desde la Sección de Disciplina Urbanística, se establece que la familia que ocupa la vivienda tiene 48 horas para la retirada de enseres con los que poder completar "la obligación del derribo".
La tensión ha ido in crescendo durante la jornada en el barrrio ourensano de Reza. Los abogados de Rosa y Miguel -propietarios de la vivienda- han apurado todos sus recursos para evitar al entrada de las máquinas en la finca. Desde primera hora de la mañana un fuerte dispositivo ha estado vigilando los alrededores de la vivienda para evitar cualquier altercado entre las aproximadamente doscientas personas que han acudido a la zona en apoyo a la familia afectada. Seis furgones antidisturbios, cuatro patrullas policiales y los bomberos han establecido un cordón de seguridad que ha impedido acercarse a menos de 300 metros de la misma.
Mientras, el equipo de abogados de Rosa y Miguel ha t entregado un escrito a las autoridades correspiendentes argumentando que los trabajos no han sido autorizada en comisión municipal de gobierno. No son los únicos recursos con los que cuentan para evitar el derribo. El arquitecto que supervisa la obra se ha negado a firmar los papeles del derribo. En un principio, el jefe de obra inicial había rechazado llevar a cabo la demolición, lo que ha retrasado dicho derribo pero el alcalde ya ha nombrado a su sustituto por lo que se espera que retomen los trabajos.
Por otra parte, Rosa Alonso, propietaria de la vivienda, ha atendido a los medios de comunicación para culpar a "la corrupción de funcionarios politizdos que mueven los expedientes a su antojo en los cajones". Ésta, ha asegurado que recurrirá al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo. Asímismo, confiesa que está a la espera de una sentencia sobre una denuncia contra la Xunta por actos nulos.
En Reza, pendientes del derribo de la vivienda de Rosa y Miguel Más información aquí http://ow.ly/NRgGgPosted by Faro de Vigo on Jueves, 4 de junio de 2015
El TSXG dio cuenta ayer de la ejecución de esta sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense. Al margen del propio texto judicial este juzgado ha querido aclarar que "tanto la sentencia como los autos fueron confirmados en apelación por sendas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG".
Explican en un escrito enviado a todos los medios de comunicación que "la casa a construyó en suelo no urbanizable o rústico sin licencia y no se podía legalizar porque no tenía vinculación con un uso agropecuario, y además excedía de la edificabilidad máxima permisible".
En esa justificación al margen de lo que ya con rotundidad explica la sentencia, aclaran también que "el Ayuntamiento de Ourense ordenó su demolición en varias resoluciones firmes. Luego amparándose en un nuevo Plan General dio licencia de legalización. Pero el Plan General fue anulado por sentencia firme del TSXG, lo que conllevó a su vez la anulación de la licencia de legalización.
Por todo ello justifican que "le corresponde al Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense la ejecución forzosa de esa sentencia, que solo puede conllevar el derribo de la casa".
La primera sentencia emitida por ese juzgado Juzgado de lo Contencioso o Administrativo número en abril de 2013 acordaba en su parte dispositiva "estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Antonio Alén Fernández, contra la desestimación presunta, por silencio negativo, del recurso de reposición formulado frente al acuerdo de 10 de marzo de 2011 de la Junta de Gobierno del Concello de Ourense que le otorgó a Rosa María Alonso Álvarez licencia de obras de legalización de vivienda unifamiliar en Aira - Barreiros - Reza (expte. 3937/05)". Acordaba en segundo lugar "anular el referido acuerdo municipal de 10 de marzo de 2011, revocándolo y dejándolo sin efecto".
El último auto de demolición emitido el 5 de mayo de este año acuerda "desestimar la solicitud formulada por ª Rosa María Alonso Álvarez de suspensión de la demolición de la vivienda ordenada en ejecución de sentencia", así como "comunicar al Concello de Ourense que la demolición deberá realizarse sin más dilación en los términos señalados en el último fundamento de derecho de este auto".
Por otro lado y al margen del fallo judicial, el juzgado ha querido aclarar en esa misma nota aclaratoria enviada a todos los medios de comunicación que, "la casa se construyó sin licencia alguna, con pleno conocimiento por sus promotores y arquitecto de su ilegalidad desde un principio. "Añade que la licencia anulada por el Juzgado se pidió y concedió tiempo después de que la obra se hubiese terminado" y que "nada tiene que ver este caso con los desahucios derivados de hipotecas o con personas sin recursos".
