El juzgado de Ribadavia ha emitido un auto de continuación de diligencias por procedimiento abreviado y ha indicado a fiscal y acusación popular que cuentan con diez días para solicitar "apertura de juicio oral formulando escrito de acusación" contra la alcaldesa de Melón, María Cristina Francisco Vilchez (PP), así como una administrativa del consistorio y un vecino de este municipio por falsificación de documento público.
En sendos autos de esta semana, el juzgado de Ribadavia prosigue con el procedimiento por el cual se abriría juicio oral a la alcaldesa de Melón, a una administrativa que trabaja como personal de confianza en el Ayuntamiento, Mercedes L.D., y al vecino David P.R.
El caso viene de diciembre de 2011, cuando se abrió el correspondiente expediente a raíz de la denuncia de un edil independiente, que ejerce la acusación popular, por el caso de un vecino que tenía que realizar trabajos en beneficio de la comunidad tras ser detenido cuando conducía sin carné. No obstante, según el juez, la alcaldesa y una administrativa sabían "que el condenado a trabajos por la comunidad no se presentó los días indicados".
La alcaldesa de Melón ganó las elecciones de 2011 al ser candidata del PP en lugar de su marido, Alberto Pardellas, inhabilitado durante ocho años y medio por una sentencia judicial que le condenó por no paralizar las obras de un polideportivo a menos de cien menos de un monasterio catalogado como Bien de Interés Cultural y con medidas de protección que incluyen la prohibición de construir en su perímetro.
Francisco Vilchez cuenta además con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena demoler otro de los pabellones multiusos autorizados por su marido, el situado en Quins, por el que además está denunciada ella, toda la corporación municipal y los funcionarios, pues antes de la sentencia de derribo, otra del juzgado contencioso de Ourense ordenó la paralización de las obras, y nunca llegó a ejecutarse, según apuntan fuentes jurídicas.
En el mismo municipio de Melón, y ya durante el mandato de María Cristina Francisco Vilchez, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) inició una investigación de las obras de un camping que recibieron fondos europeos.
