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Ourense es la provincia gallega con menos solicitantes

La crisis sitúa el alquiler como primera opción en el acceso a viviendas de protección oficial

» La demanda de compradores de pisos de promoción pública y privada cayó un 58 por ciento desde 2010 »941 personas están en la lista de espera del IGVS »Solo 330 mantienen su deseo de ser propietarios

16.06.2014 | 08:50
Viviendas sociales de O Pino y al fondo, Covadonga.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo, IGVS, seguirá siendo propietario de parte del edificio de viviendas protegidas de Covadonga después del sorteo para la adjudicación que se celebrará el 25 de junio. Esto se debe a que hay menos demandantes en la lista de espera de compradores que inmuebles en oferta. 32 para 52 pisos de dos, tres y cuatro dormitorios. Aunque el plazo para anotarse finaliza el día 21, las viviendas que no consigan comprador se adjudicarán en régimen de alquiler social. En este caso, la Xunta no tendrá problema para encontrar inquilinos. A cierre de semana había inscritos 162 candidatos para el régimen de arrendamiento y 41 para lo mismo pero con opción de compra a medio plazo.

La dificultad para acceder a la financiación, la caída de la renta familiar y la inestabilidad laboral han dado el golpe de gracia a la promoción y construcción de pisos de protección oficial, un modelo que facilitó el acceso a la vivienda en los mejores años del boom urbanístico pero que ahora, en pleno hundimiento, agota sus últimos proyectos en la provincia echando mano del régimen de alquiler como mecanismo de supervivencia.

Las cifras son el fiel reflejo de esta realidad. En 2010, cuando el alquiler no era todavía una opción que se valorase por parte de los demandantes de vivienda protegida, había en Ourense 2.238 personas en lista de espera para comprar un piso subvencionado, la mayoría (1.906) querían una vivienda en régimen de promoción pública, las denominadas VPP, aunque algunos también estaban anotados como demandantes de protección autonómica (1.505 para VPA).

Cuatro años después, la demanda ha caído en picado. El registro que gestiona y actualiza cada día el IGVS no llega a los mil candidatos en toda la provincia. Ourense, con diferencia, es la gallega con menos anotados en estas listas de espera, incluso muy por detrás de Lugo, donde hay 1.655 demandantes totales frente a los 941 ourensanos que buscan piso de protección oficial.

Pero además del descenso de la demanda, llama la atención que solo hay 330 personas interesadas o con capacidad económica para adquirir un piso en propiedad en las diferentes modalidades que se ofertan; el resto, son demandantes para el régimen de alquiler social, con rentas asimiladas a sus ingresos.

En Ourense capital coincide el número de inscritos para comprar una VPP con el de demandantes de un piso de promoción privada: 32. En el conjunto de la provincia, en cambio, son más los que se apuntan a la construcción particular que a la pública: 100 frente a 65.

Sin embargo, la demanda de alquiler es mucho mayor cuando se trata de pisos ejecutados por la administración pública. En la actualidad, hay 291 personas esperando por una vivienda en estas condiciones, a las que habría que sumar otras 11 interesadas en un arrendamiento de carácter social en núcleos rurales y cascos históricos, cinco que buscan un alquiler en una de las edificaciones que ejecutan promotores privados en régimen especial, 31 en régimen general y 17 más que se han anotado en el registro de viviendas de promoción particular en régimen concertado. En total, 355.

Pero el régimen de alquiler no es solo una elección de los demandantes, en muchas ocasiones viene impuesto por su solvencia. Las dificultades económicas derivadas de la crisis y la inestabilidad laboral llevaron al IGVS no solo a potenciar este régimen para dar salida a las viviendas protegidas, sino a exigir rentas mínimas a la hora de integrar a los demandantes en el registro. Ya no basta con aportar datos personales básicos, la Xunta pide también nóminas para asegurarse de que el aspirante a comprar puede hacer frente a los pagos y que está en condiciones de recibir financiación bancaria. Aquellos que no ofrecen garantías mínimas se inscriben como demandantes de alquiler. El indicador básico en el que se apoya esta selección de demandantes es el Iprem.

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