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Los imputados del gobierno piden el mismo trato que el caso de la factura a Jácome

Abogados de la causa de las obras aportarán como prueba de descargo el escrito del fiscal en el que descarta delito por el suministro al comercio del líder de Democracia Ourensana

04.06.2014 | 12:53
El portavoz del gobierno y la edil de Urbanismo, el día que revelaron la compra del PP a Jolper. // B.Lorenzo

Gonzalo Jácome desliga su papel de concejal de su labor como empresario en el comercio de música Jolper. "Yo era vendedor y mi obligación era vender eso, y más si puedo", resuelve sobre la compra, en 2006, de 295 altavoces que nunca se instalaron por parte del gobierno de Manuel Cabezas (PP). "Lo que hizo el PP, yo no tengo ni idea", dice el líder de DO.

Cree que la petición de archivo de la Fiscalía en la denuncia presentada por Áurea Soto demuestra que la edil "no vive en la realidad y fue por su cuenta como un caballo loco, después de que en el PSOE no vieran base jurídica para ir al juzgado".

El responsable del partido de oposición que más denuncias ha presentado explica que DO decidió denunciar las obras de la calle Bedoya y Paz Nóvoa, del año 2008, "porque un funcionario jurídico nos pegó un chivatazo. Me lo puso en bandeja", dice. En su opinión, tanto PP como PSOE y determinados funcionarios "estaban acostumbrados a funcionar de espaldas a la justicia y atravesar líneas rojas". Su llegada a la corporación ha puesto coto, interpreta Jácome. "Ya nadie se pilla los dedos".

Es el mismo magistrado, el juez recusado por la edil de Urbanismo y el exalcalde, y algunos son los mismos protagonistas aunque con las tornas cambiadas. El gobierno de Ourense no comprende la diferencia de criterio en dos procedimientos que, según su parecer, son idénticos. Si la Fiscalía interpreta que no existe el "más mínimo indicio" de delito en una compra a dedo al comercio del líder de Democracia Ourensana por parte del ejecutivo del PP, no entienden que continúe el trámite de diligencias por lo penal por una supuesta prevaricación de toda una junta de gobierno por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya. Un caso que Democracia Ourensana llevó al juzgado casi cinco años más tarde. Los imputados tendrán que declarar a partir del día 18 de este mes.

Según ha podido confirmar FARO, varios abogados personados en la causa -hay un total de trece imputados entre políticos de PSOE y BNG, empresarios y el asesor jurídico jefe- planean aportar como prueba de descargo el escrito del ministerio público en el que descarta motivos de proceder por lo penal por el suministro adquirido por el gobierno del 2006 al comercio de Gonzalo Jácome.

Como el gobierno defiende en todas y cada una de sus denuncias en trámite que han provocado nueve imputaciones en su núcleo duro -dos del alcalde, dos de su primera teniente de alcalde y cinco de su segunda- el cauce conveniente para discutir los asuntos es la vía contenciosa. Es lo que considera también la Fiscalía en el caso de la factura de 61.700 euros para adquirir 295 altavoces a Jolper Música, el comercio de Gonzalo Jácome. El suministro se aprobó por el trámite de urgencia, sin publicidad y fuera del orden del día en una junta de gobierno del PP de Manuel Cabezas en octubre de 2006.

La Fiscalía no aprecia indicios de prevaricación y ha pedido el archivo al juez Antonio Piña, titular de Instrucción Dos. El decano de Ourense está recusado por el exalcalde y la edil de Urbanismo en el proceso de una presunta prevaricación por la reforma de la calle Bedoya, adjudicada por un procedimiento análogo en el año 2008. Piña aseguró a este diario que aún no ha decidido si sobresee la causa, a la espera de la alegación por parte del ejecutivo, en nombre del cual registró la denuncia Áurea Soto. La edil de Urbanismo también confirmó ayer que los abogados de los imputados del actual gobierno estudian si alegan en el caso Bedoya con los argumentos de la otra causa. Entiende que "las imputaciones buscan echar de la política a gente que molesta a determinados intereses particulares".

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