El acceso de dos sindicatos y, sobre todo, del grupo municipal del PP al caso de los contratos fijos a personal externo en el Concello de Ourense se complica por la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo. Los abogados de CIG, USO y el grupo popular no pudieron asistir ayer a la declaración en calidad de imputada de la directora xeral y su posible participación activa en la causa no se producirá, tal y como releen las fuentes, hasta que se resuelva el recurso formulado por USO.

El juez instructor, Leonardo Álvarez, exigió a esta central, que judicializó las asistencias técnicas en un escrito común con la CIG, el pago de 3.000 euros después de que formalizara querella. USO ha alegado porque considera que el importe es abusivo y la cifra contrasta con los 300 euros que, por ejemplo, se exigieron a UPyD ser acusación en el proceso contra Iñaki Urdangarín.

El auto de la Audiencia Provincial que dio cabida, con límites, al PP, permite la incorporación del partido a la causa siempre y cuando alguno de los denunciantes legalice su personación. Es decir, si USO acaba depositando el importe fijado por el juez -o el que se establezca tras el recurso- los populares podrían acceder y ser parte en las diligencias. La CIG confiaba en no tener que pagar.

Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la que algunos abogados le auguran escasa pervivencia, es aún más intrincada. En el supuesto de que USO abonara una cantidad, cualquier otra parte podría personarse en la instrucción sin necesidad de hacerlo. Se produciría una suerte de agravio entre diferentes acusaciones. Todas podrían pedir diligencias -condicionando así el ritmo del caso a menos de un año de las elecciones-, aunque según las fuentes, la parte con fianza "tendría más peso".