El departamento de Personal del Concello de Ourense se convirtió en el centro de las dianas críticas y de denuncia por parte de los grupos de la oposición municipal, que señalan a su responsable política, la directora xeral, Carmen Rodríguez, como principal causante de lo que está sucediendo. De ahí que la concejala de Democracia Ourensana, Susana Gómez, indicó a FARO la intención de su grupo de pedir la creación de una comisión de investigación para "aclarar todo y pedir responsabilidades, tanto administrativas como de otros tipos, si hubiese lugar a ello"

Uno de los argumentos que expuso Gómez para plantear esa investigación están relacionadas con las sucesivas sentencias judiciales, sobre todo del ámbito Contenciso-Administrativo, y que dejan claro "la gestión que se está llevando a cabo". Una de las últimas fue la relacionada con el asesor jurídico, Javier García Gago, en su caso de compatibilidad, al que da la razón el juez y anula las resoluciones del área de Recursos Humano y Personal, así como el acuerdo plenario adoptado.

Otra de las cuestiones que pone sobre la mesa es todo lo relacionado con las auditorías de personal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por entender que en estos temas "no se hizo nada", con el agravante que en una de las últimas juntas de área "se nos reconoce que no hay concretado por áreas el personal", por lo que se cuestionan cómo se puede haber pagado una importante cantidad de dinero en auditorías "si luego no se hace nada".

En lo que también coincide la oposición municipal es en todo lo relacionado con las compatibilidades de los trabajadores públicos, que con la reciente sentencia favorable a García Gago reabre un debate sobre el proceso que se sigue y las posibles irregularidades que existen.

El portavoz popular, Rosendo Fernández, denuncia el "descontrol que existe", ya que además de que "no se sabe cuántas existen en estos momento", la pregunta que se hace es "¿cuántas se producen por concesión y otras por silencio administrativo?". Cuestiones que a día de hoy siguen sin respuesta.

Lo que se convierte objeto de denuncia es que no exista un registro de las compatibilidades solicitadas y concedidas a los trabajadores municipales, como establece la ley, como bien sabe el gobierno socialista, recalca la edil Susana Gómez, y que en una sesión plenaria se lo advertía al portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que después de que se acordase hace un año la creación de una comisión para abordar las compatibilidades de los funcionarios municipales, "nada se hizo", lamenta Gómez, que en su momento presentó la iniciativa, y que contó con el apoyo de la propia directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez.

El objetivo de esa comisión no era otro que analizar la situación y poder contar con un mayor grado de conocimiento en todo lo relacionado con las compatibilidades.

La información de la que disponen es que por parte de los responsable del área de Personal lo que se hizo fue remitir a los trabajadores un formulario en el que deben señalar si tiene compatibilidad y como se produjo la misma.

Es por eso que hasta que no tengan toda la información "no nos pueden decir nada", explica Susana Gómez, a la que también indicaron que la misma se le solicitó a los grupos A-1 y A- 2, los de mayor categoría, ya que según explicó en una reciente junta de área la concejala responsable de Servicio Generales, Áurea Soto, "son los que más la suelen pedir".