Juez y fiscal tratan de averiguar qué funcionario o político eligió a los contratados a dedo del Concello

Los beneficiarios dicen que recibieron una llamada para ofrecerles encargos - La fiscal preguntó al exalcalde cómo se publicitó la necesidad de vacantes y cuál fue el criterio para elegir a unos profesionales y no a otros

25.04.2014 | 08:38
El exalcalde Francisco Rodríguez, la edil de Urbanismo y el actual regidor, antes de declarar. // Iñaki Osorio

Las asistencias técnicas para labores urbanísticas eran una relación habitual en el Concello de Ourense desde el mandato del PP a finales de los 90 -la propia Áurea Soto estuvo 9 meses facturando con un contrato menor cuando Manuel Cabezas era alcalde-, pero la consecuencia de cinco de ellas que llevaron a un puesto fijo a profesionales externos amenazan al núcleo duro del ejecutivo de la ciudad. Imputados e interrogados el actual regidor, el exalcalde y la concejala de Urbanismo, la causa trata de determinar ahora quién intervino para elegir y mantener a contratados ajenos de un modo irregular pese a las advertencias sucesivas del interventor y a denuncias sin eco en mesas sindicales.

El lunes, Agustín Fernández subrayó que fue él el que puso fin a las asistencias técnicas cuando, al poco de llegar al poder tras la Pokemon, recibió el primer reparo. Dictó un decreto para que se sustituyera este tipo de contratación menor por un sistema estable y acorde a la ley de interinidades. En el que se pudiera optar según lista y méritos. La edil Áurea Soto admitió al juez que el error fue "prolongar" en el tiempo la facturación de los profesionales El Concello optó por readmitir a los contratados después de que fueran despedidos y presentaran demanda. Sin concurrencia ni proceso público, acabaron con puesto fijo.

La fiscal y el juez consensúan cuáles serán las próximas citaciones en la causa. Pretenden averiguar por qué se eligió a unos profesionales y no a otros y quién contrataba. El ministerio público le preguntó al exalcalde por si conocía a los beneficiarios de las asistencias -solo a uno, según Rodríguez- y por los criterios de selección para los contratos menores cuando no hubo publicidad. Los cuatro arquitectos y el asesor jurídico que acabaron fijos tras presentar demanda percibían un importe más o menos fijo de 2.000 euros mensuales. Al declarar como testigos en la causa, dijeron haber recibido una llamada del ayuntamiento para ofrecerles encargos. No identificaron quién.

Al ser preguntados por el departamento o la persona que decidió los contratos, los tres imputados del PSOE coincidieron en un mismo argumento. La oficina de Rehabilitación y PERI en la que se concentraron 4 de las 5 asistencias fue gestionada por concejales del BNG, los exsocios, hasta la Pokemon. Tras romperse el bipartito, pasó al ámbito de competencias de Áurea Soto, que alega haberlas frenado por orden del alcalde.

CIG y USO, los sindicatos que judicializaron el caso por supuestos delitos de prevaricación y malversación, denunciaron además a la directora xeral de Personal y secretaria de la agrupación local del PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta, que aún no ha sido citada.

Los elegidos con asistencia usaban medios, horarios e instalaciones municipales. Uno de ellos fue contratado durante dos años y medio por una baja de maternidad. Fue la dirección xeral de Personal la que se manifestó a favor de la readmisión de los cinco en lugar de indemnizar, tal y como declaró el alcalde.

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