Desde 2012, los ayuntamientos de la provincia pueden delegar en la Diputación de Ourense actuaciones en materia de inspección tributaria similares a las que el Concello de Ourense encomendará a una empresa externa que se quedará con el 25 por ciento del importe que logre recaudar. Se trata de actuaciones encaminadas a frenar la morosidad en el pago de impuestos, pero también a acabar con el fraude fiscal. La lupa se ha puesto sobre el Impuesto de Actividades Económicas, IAE, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, que abonan las empresas a los ayuntamientos en los que están emplazadas.
En el caso de la Diputación, el Servicio de Recaudación detectó en 2013 un fraude de 1.192.250 euros en el cobro de tributos en dos ayuntamientos de la provincia, Barbadás y Carballeda de Valdeorras, donde se concentra una importante actividad empresarial en los sectores de la construcción y la pizarra, respectivamente. El personal del área provincial de hacienda detectó que los datos proporcionados por algunas empresas para calcular las tarifas eran incorrectos, por lo que se iniciaron las correspondientes actas de inspección y sanción. En el caso del IAE, el impuesto se calcula por la superficie en metros cuadrados que ocupa la actividad empresarial y el potencial eléctrico contratado, que son datos que facilitan las personas físicas y jurídicas pero que no están sometidas a constante inspección.
El servicio que ofrece la Diputación desde 2012 se centra precisamente en controlar que las tarifas aplicadas sean las correctas y que ninguna entidad pague menos de lo que le corresponde. En la actualidad, son doce los concellos de la provincia que ya han delegado este servicio en la Diputación a objeto de que todas las empresas tributen en igualdad de condiciones.
La mayor parte de la deuda oculta detectada por el servicio provincial de Recaudación procede del IAE, un impuesto de especial interés para la institución ya que el 40 por ciento del importe recaudado son ingresos directos para las arcas provinciales. En 2013, la cantidad liquidada a partir de expedientes relacionados con el IAE se eleva a 1.132.364 euros. De este total, unos 450.000 euros son ingresos para la Diputación.
Los cerca de 60.000 euros restantes en la deuda tributaria que afloró con la inspección realizada desde las oficinas de Recaudación en Barbadás y Carballeda de Valdeorras corresponde al ICIO, que se calcula principalmente por el presupuesto de las obras.
Las últimas cuatro incorporaciones elevan a 12 los ayuntamientos que delegaron este servicio en la Diputación pero se espera que se sumen otros.
Además, la institución provincial se ha propuesto maximizar la eficacia en la recaudación de tributos municipales y entre las medidas que se plantean para ampliar el número de concellos que deleguen en la institución este servicio está la de rebajar el denominado "premio de cobranza" que la ordenanza vigente sitúa en el 5 por ciento del total de lo recaudado. Actualmente, la mitad de los ayuntamientos han traspasado a la institución provincial la gestión de los principales impuestos pero con una tasa inferior podrían ser más los que se adhieran.
En 2013, la Diputación procesó un padrón de 19 millones de euros en IBI, IAE, vehículos y recogida de basura, de los que todavía tiene pendiente de cobro un 7,25 por ciento que se tramitará por vía ejecutiva. El Boletín Oficial de la Provincia, BOP, publicó el pasado año 14.709 nombres de contribuyentes que no abonaron las tasas en período de cobro voluntario y que mantienen una deuda total con la administración de 570.902 euros.
Endurecer las acciones contra los morosos a través del embargo es otra de las medidas que se pondrá en marcha este año para mejorar los resultados de la oficina de Recaudación. Hasta la fecha, la deuda de los contribuyentes que se niegan a pagar sus impuestos se saldaba embargando sus cuentas corrientes o en colaboración con la Agencia Tributaria descontando el importe de las devoluciones a las que tienen derecho en sus declaraciones de IRPF, IVA o Sociedades.
Desde este año, la Diputación asegurará el cobro de tasas abriendo una tercera vía de embargo de sueldos, salarios y pensiones a partir de la información que le suministre la Seguridad Social. Hasta 2009 solo se embargaban cuentas pero desde 2010 se inició el cobro en declaraciones a devolver y ese mismo año se cerraron 569 expedientes en apremio por esa vía. En 2011 se realizaron 6.169 embargos bancarios y 419 en Hacienda, iniciándose una tendencia ascendente que elevó las actuaciones en 2012 a 6.595 y 1.035, respectivamente.
El ejercicio 2013 está pendiente de cierre pero el servicio de Recaudación que dirige Álvaro González Yáñez quiere poner en marcha una campaña informativa en todos los ayuntamientos para exponer los resultados económicos de los últimos ejercicios y convencer de la eficacia en el cobro a los alcaldes que todavía no han delegado esta competencia a la Diputación. Es precisamente el objetivo que persigue el presidente José Manuel Baltar, que apuesta por la fusión de servicios a través de las diputaciones.
El 75% por anticipado
Además, una de las ventajas que ofrece la administración provincial es el anticipo del 75% de la recaudación efectiva lo que abre a los concellos una vía de financiación anual a coste cero.
El impuesto que mayor volumen de ingresos genera para los ayuntamientos de la provincia es el de bienes inmuebles, IBI, del que la Diputación aprobó en 2013 un padrón de 10,4 millones de euros. El IBI urbano ascendió ese año a 9,9 millones y la pasado año se cerró con el cobro del 95,2 por ciento. La deuda es mayor en rústico, donde la tramitación de recibos se complica por la dificultad de identificación de propietarios. Así a todo, el año 13 se cerró con solo un 8,8 por ciento de cobros pendientes.
