El Concello de Ourense ha sorteado en primera instancia la desaforada reclamación de 29,4 millones de euros de la empresa que se constituyó expresamente para la adjudicación fallida de los paneles, pero son varios los frentes que el ayuntamiento mantiene abiertos en la vía judicial por el cauce del contencioso-administrativo. Si numerosas y trascendentes son las investigaciones por presuntos delitos que marcan la agenda diaria del ejecutivo y sumen a los tres ediles principales -el alcalde y sus dos tenientes- en un total de nueve imputaciones por presuntos delitos, no menos relevantes son los pleitos litigiosos con empresas o particulares en los que se dirimen intereses de ciudad además de la amenaza de indemnizaciones gravosas.
En caso de sentencia firme, bien porque se agota la posibilidad de recurso, bien por el desistimiento de la institución local, las consecuencias de las reclamaciones al Concello por la vía de lo contencioso recaen sobre las arcas municipales. Después de 34 meses sin cuentas nuevas, el borrador de presupuestos que tiene que valorar el interventor incluye una partida de casi 534.000 euros para hacer frente a indemnizaciones decretadas por la justicia. Si el funcionario lo frena abocando a un nuevo ejercicio con cuentas prorrogadas, la cuantía se satisfará a golpe de modificación con cargo al remanente.
Los procesos judiciales también desencadenan costes imputables a la administración, ya sea por la cuantía que se establece en una condena en costas o por la factura de los trámites judiciales que llevan a cabo los abogados que representan a la institución. En previsión de estas necesidades, el gobierno de Ourense calcula que tendrá que desembolsar otros 90.000 euros, a lo largo de todo el año 2014, que el borrador clasifica bajo el epígrafe de "gastos judiciales".
Las partidas se imputan la extensa área de competencias de la concejala de Urbanismo y segunda teniente de alcalde, Áurea Soto, que completa su ya de por sí sobrecarga de trabajo con la labor de regidora en funciones hasta este domingo. Soto tiene delegadas las competencias de Servicios Generales, Contratación y Sistemas de Información.
Según aseguró ayer los 90.000 euros en gastos son por trámites de los propios abogados de la plantilla, no de letrados externos. La asesoría municipal se estructura, por una parte, en los profesionales encargados de informes y, por otra en los representantes del Concello en vistas y actos judiciales.
Medio millón para un derribo
Por una posible confusión, la concejala atribuyó la partida de 533.000 euros a la cantidad para ejecutar la sentencia del TSXG que ordena la demolición parcial del patio de luces trasero de un edificio de la Avenida de As Caldas. Lo cierto es que el borrador contempla otro concepto específico sobre ese inmueble, por un importe superior de 560.500 euros. Ya se han licitado la obra y la redacción del proyecto constructivo.
