El abogado del grupo municipal de DO, Miguel Caride, aludió ayer a determinados artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, para desmontar algunos aspectos de la entrevista concedida por la edil de Urbanismo, Áurea Soto, en la que se refería a la supuesta obligación por parte de los concejales de hacer públicos datos de su patrimonio y/o de su vida laboral.
Según el letrado de DO, el artículo 2.2.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que "el régimen de protección de datos de carácter personal contenido en esta no será de aplicación a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas". Añade que este es el caso de Susana Gómez "quien es una particular que, además no es titular ni tiene a su cargo fichero alguno de datos sobre personal laboral del Concello de Ourense y que se ha visto obligada a publicar sus datos laborales para demostrar que lo dicho por Áurea Soto no es cierto".
Según el letrado de DO "no es el caso del Concello que sí, es el titular del fichero de datos de su personal y está sujeto a la L.O. de Protección de Datos, teniendo, con arreglo a la misma, obligación de garantizar el secreto y la no difusión, sin autorización del afectado, de los datos personales contenidos en el mismo". Añade que "el incumplimiento de esta obligación puede considerarse falta grave o muy grave y la Agencia Estatal de Protección de Datos puede ordenar la incoación de un expediente disciplinario a los funcionarios responsables del fichero que hayan cometido la falta".
