Si el grupo municipal de Democracia Ourensana mostraba su total rechazo a lo acaecido en el pleno del viernes, la edil, Susana Gómez, anunció que emprenderá acciones legales contra la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por la revelación de datos de su vida laboral como trabajadora del Concello de Ourense -en la Escuela de Música-, y que ordenó entregar a los medios de comunicación, contra el alcalde, Agustín Fernández, por no impedirlo, y la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, que es la responsable de la guarda y custodia de toda esa documentación.

Y aunque advirtió que no va hacer nada de forma precipitada, deja la puerta abierta a la vía penal, con una denuncia por "acoso y difamación", dirigida contra Áurea Soto, y que se plasma en las actas de un pleno y en la de una comisión de investigación, en este caso la de ayuda a domicilio, así como en alguna comparecencia pública que hizo. En principio, pedirá los informes correspondientes a los funcionarios municipales, como el secretario y asesoría jurídica, además de reclamar por escrito saber quién fue la persona que autorizó que esa información personal se entregase.

Aunque una de las medidas que podría adoptar de inmediato, después de analizarlo con el asesor jurídico del grupos, es la denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, por entender que se trata de una "falta muy grave", y que podría llevar consigo la correspondiente multa, y que según está establecido puede ir desde los 300.001 euros hasta los 600.000 euros, de la que deberán responder personalmente la edil de Urbanismo, el alcalde y la directora xeral de Personal, y que ingresaría el Estado.

Sobre esta cuestión, fuentes judiciales consultadas por FARO fueron concluyentes al respecto, al señalar que la entrega de documentación oficial, y sobre todo que afecten al ámbito personal, "es delictivo", además de advertir que la Agencia Estatal puede actuar de oficio por entender que hubo una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Otra de las actuaciones por la que podría optar, según estas mismas fuentes, es la de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial al Concello por la publicación de datos personales, con el agravante de que como aseguró la propia edil de DO "son falsos y están manipulados".

Antecedentes

Pero el de Susana Gómez no es el primer caso, ya que el 25 de marzo, el secretario de organización de la CIG, Manuel Gallardo, solicitó al alcalde que procediese a incoar un expediente disciplinario contra la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, por la comisión de una falta "muy grave" consistente en la publicación o utilización "indebida" de datos conocidos por razón de su cargo referentes a infracciones administrativas contra el secretario de la sección sindical en el Concello, Javier García, sin la preceptiva autorización del interesado.

Y aunque el alcalde, Agustín Fernández, a día de hoy no hizo nada al respecto, se le advertía en el escrito de denuncia que la falta que supuestamente habría cometido la directora xeral de Personal llevaría consigo su "destitución" del cargo y la prohibición de nombramiento para alto cargo por un período de entre cinco y diez años, como así establece la Ley de 19/2013, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. Todo ello independientemente de que el funcionario en cuestión acuda a la vía penal.