El proceso de privatización de la gestión intermunicipal de la basura se ha detenido temporalmente en la Diputación y se mantiene "en estudio", según confirman fuentes de la administración, por lo que queda totalmente descartado que la externalización entre en vigor el 1 de enero como anunció el presidente, José Manuel Baltar.
Este proyecto se ha convertido en el principal escollo del plan Ourense 92 en el que Baltar Blanco fijó una batería de acciones encaminadas a buscar una mayor eficiencia y ahorro en la administración. Este documento se ha convertido en la hoja de ruta de su mandato y representa también un punto de inflexión en el modelo de gobierno anterior, dirigido por su padre José Luis Baltar.
Desde su llegada en febrero de 2012 y hasta la fecha, todas las medidas que ha puesto en marcha el presidente, incluido el Expediente de Regulación de Empleo que dejó en la calle a 24 indefinidos ha contado con el visto y place de sus diputados y alcaldes, pero la externalización del servicio de la basura se le ha atragantado.
Esta falta de apoyo al proyecto de Baltar se produce, además, en un momento en el que los alcaldes se han revelado contra la reforma local del Gobierno creando un frente común en Galicia al que se han sumado los presidentes de las diputaciones de Lugo, Pontevedra y A Coruña, pero no el de Ourense, que respalda el proyecto de Hacienda.
El cronograma del Plan OU92, que se ha cumplido escrupulosamente en una treintena de acciones ejecutadas, suma ya dos retrasos importantes en la puesta en marcha de la privatización de la basura, un servicio al que actualmente están adheridos 48 ayuntamientos de la provincia y sirve a una población total de 120.000 habitantes. No se cumplió el objetivo de ponerlo en marcha en junio de 2013 ni será posible el 1 de enero de 2014, horizonte que se fijó el presidente cuando presentó públicamente su idea de crear una sociedad de capital mixto público y privado que reportaría un ahorro de dos millones de euros a la institución provincial. Al rechazo rotundo de la oposición a privatizar "el único servicio que funciona perfectamente" en la Diputación, según han defendido sus portavoces, se le suma el atranco en forma de absentismo que han puesto algunos de los alcaldes del PP.
Ahora, cuatro meses después de que se crease la comisión general de seguimiento de la externalización cuya misión era aprobar el pliego de condiciones técnicas y administrativas para sacar a concurso el servicio, el documento se ha guardado en un cajón, con una marca al inicio que dice "en espera".
La mayoría de alcaldes reconoce que el servicio, tal y como está funciona bien, pero los más críticos temen una subida de las tasas que repercuta en el recibo municipal y que les enfrente a sus vecinos. También se pone en duda el destino de la maquinaria adquirida con presupuesto del ayuntamiento y existe preocupación por el personal que será transferido a la empresa privada.
La "revuelta" de los alcaldes (bautizada así por la oposición) se escenificó a principios de septiembre, cuando Baltar se vio obligado a suspender la aprobación inicial del pliego por falta de quórum ante la ausencia de cuatro de sus alcaldes (A Rúa, A Teixeira, Lobios y San Amaro) que participan en la comisión en nombre de 24 concellos. A la segunda convocatoria, días después, no faltó ninguno pero la oposición constató que algunos regidores votaron en nombre de miembros de su unidad de gestión sin haberlos consultado, por lo que algunos alcaldes pidieron que sus grupos se volviesen a reunir. San Xoán de Río solicitó el pronunciamiento de la unidad de Trives, que votó a favor del pliego, pero en el caso de A Limia, la abstención de los regidores de Xinzo y Baltar (ambos fieles a Baltar Blanco), impidió la mayoría absoluta necesaria para que el voto a favor sea válido. En Valdeorras, solicitada por Petín, el traspiés fue mayor pues no acudieron a la reunión cuatro alcaldes del PP: Carballeda de Valdeorras, Rubiá, Larouco y Vilamartín de Valdeorras. Este último, junto con San Cristovo de Cea, presentó alegaciones contra el proyecto y algunas fueron aceptadas. La comisión no pudo votar por falta de quórum y no ha vuelto a convocarse.
La Diputación está "estudiando" qué hacer con estas dos unidades ya que sin su respaldo el servicio no se podría privatizar en estas comarcas. Este atasco se ha definido en el entorno del presidente como una "complicación política" que augura "un largo recorrido" a la privatización del servicio.
