El "Emporio Freire", como resumió el PSOE las dos décadas de presunto enriquecimiento del alcalde de Barbadás, llevará su máximo exponente ante la juez, en calidad de imputado, el lunes 28 de octubre. El regidor, diputado provincial y vicesecretario en la estructura orgánica del PP de Ourense será interrogado junto a su número dos, el teniente de alcalde Manuel García, por la juez de Instrucción Número Tres, Cristina Martínez. Los dos fueron señalados por el PSOE en una denuncia que los acusa de prevaricar y enriquecerse -atesoran patrimonios millonarias-, aprovechando el crecimiento exponencial durante los años del bum de la construcción en el barrio de A Valenzá, un núcleo plenamente urbano de un municipio rural, una sucesión de bloques de edificios y cemento a las puertas de la mayor superficie comercial de Ourense, en el límite con la capital.
Los socialistas delatan relaciones con exconcejales del PP, constructores, promotores inmobiliarios y "presuntos testaferros". Además, la denuncia inicial presentada en julio remite a un pleno de ese mes en el que Freire Couto y su mano derecha sumaron para modificar un área de reparto en la que los dos son propietarios, bien directamente o a través de empresas familiares, como es el caso del regidor. Freire Couto posee una parcela de 345 metros cuadrados a través de Eichoa, una de sus empresas familiares. Su teniente de alcalde, Manuel García, es propietario del 4,42% del total de la finca, con 2.966 metros cuadrados. La secretaria municipal rechazó el deber de abstención, en un informe que los políticos esgrimen, "por la prevalencia del interés general".
El grupo municipal del PP aplicó la mayoría para cambiar el reparto de edificabilidad de la parcela tras alegar que su único interés era dotar suelo para construir un instituto, un equipamiento demorado desde hace años. Se amplió la reserva para uso residencial a costa de menos viales y zonas verdes.
El alcalde, un fiel al viejo baltarismo al mando desde hace un cuarto de siglo en Barbadás, comparte abogado con su mano derecha para hacer frente a una denuncia por presuntos delitos de prevaricación -conlleva inhabilitaciones de 7 a 10 años- y negociaciones prohibidas a funcionarios, penadas con hasta dos años de prisión. Los dos imputados, nuevos nombres en la extensa lista de políticos ante la justicia, suman elevados patrimonios. El teniente alcalde atesora 1,2 millones de euros en bienes que atribuyó a sus años de dedicación y a los beneficios de la farmacia de su mujer. Freire Couto, sancionado por Hacienda tras ocultar 208.000 euros del IRPF, acumula 61 propiedades y más de 730.000 euros, según su declaración pública.
