Tras dos intentos fallidos del Juzgado número 1 de Ribadavia de archivar la causa apoyados por la Fiscalía, dos órdenes contrarias de la Audiencia Provincial y un procedimiento dilatado siete años en el tiempo, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Si el procedimiento sigue adelante (contra el auto todavía cabe recurso), él mismo anunció ayer que presentaría su dimisión como segundo de Feijóo en Ourense, algo que ya han demandado en innumerables ocasiones los grupos de la oposición. El PP no quiere imputados en sus filas y sus estatutos le obligarían a causar baja.
El instructor José Luis Deaño Rodríguez ordena continuar las diligencias contra Rogelio Martínez y otras diez personas al considerar que existen indicios de que todos ellos pudieron vulnerar la ley en la gestión de fondos procedentes del plan Leader II al certificar y cobrar ayudas por obras que en realidad no se habían ejecutado. Los proyectos, iniciados entre 1999 y 2001, se referían a una planta de biomasa y cinco talleres en el Concello de Arnoia, donde el actual delegado territorial era alcalde. El Ministerio de Hacienda ya detectó esas irregularidades y reclamó en 2007 los 51.963 euros que gestionó el Grupo de Acción Local Ceivam, presidido por Rogelio Martínez. En aquel momento, el BNG de Arnoia ya había presentado denuncia judicial en Ribadavia, a la que más adelante también se sumó el PSOE.
En el procedimiento están implicados también el exconcejal del PP de Arnoia, Gumersindo Álvarez Rodríguez; el arquitecto técnico municipal Miguel Reza Paz; y tres empresarios locales; además del exgerente de Ceivam, Juan Emilio Aparicio; el secretario Pablo Fernández Loureiro, y otros cinco demandantes de ayudas para la construcción de los talleres artesanales.
El auto que pone fin a la fase de instrucción no tipifica los delitos imputables a Rogelio Martínez y el resto de implicados, sino que se limita a considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito "de los comprendidos en los artículos 14.3 y 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". En este amplio abanico cabrían, según las acusaciones, la malversación de fondos públicos y falsedad documental denunciadas por BNG y PSOE. El letrado del BNG, Xosé Lois Brea Sanmartín, examinará los cinco tomos de la instrucción para clarificar su acusación, mientras que el abogado del PSOE, José Arcos, ya da por seguro que imputará "como mínimo" malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental. Este último conlleva pena de prisión entre tres y seis años, además de la inhabilitación especial que impediría a Martínez ejercer como cargo público.
El juez Deaño abre un plazo de diez días para que las acusaciones y la defensa formalicen sus escritos y un máximo de cinco días para presentar recurso de reforma o apelación, acción que la defensa de Rogelio Martínez, representada por Jorge Temes, llevará a cabo para solicitar el archivo.
Según se recoge en el relato de los hechos que describe el auto judicial, el Grupo Ceivam era el encargado de tramitar ayudas europeas para las inversiones particulares y en octubre de 1999 recibió la solicitud del acusado Gumersindo Álvarez, que era concejal de Arnoia pero también administrador de una empresa de actividades culturales que pedía una subvención para construir una planta de biomasa. El Ceivam aceptó tramitarla y su presidente, Rogelio Martínez, firmó el contrato de ayuda para un proyecto de 78.000 euros. El beneficiario comunicó en marzo de 2000 que se iniciaban las obras y el ingeniero Miguel Reza Paz certificó la construcción de una planta de biomasa y compra de maquinaria "a pesar de que sabía que no se había ejecutado la nave, sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón" en un monte comprado previamente por el Concello .
La reconstrucción del galpón fue contratada a otro de los acusados, representante de Covelo SL, que "a sabiendas de que no se había ejecutado la obra tal y como constaba en el proyecto, elaboró una factura por un importe global de 36.300 euros en concepto de la construcción de una nave de biomasa". El mismo procedimiento se siguió con la maquinaria que no se llegó a comprar y todo ello, dice el juez, "con la finalidad de obtener la subvención". Una vez que el expediente administrativo llegó a manos de Rogelio Martínez y la Ceivam, sus responsables "autorizaron el abono de los pagos, a pesar de que las obras no habían sido ejecutadas". El procedimiento en el caso de los talleres artesanales "siguió unas estipulaciones generales similares a las previstas para la planta de biomasa", concluye el auto.
