Una relación de facturas abonadas a la UTE Troncoso Saludges, adjudicataria del servicio municipal de ayuda a domicilio, y que se habrían modificado, incrementando su cuantía económica, fue el motivo de que ayer se trasladaran al Concello de Ourense, hasta en dos ocasiones, agentes de la UDEV de la Policía Nacional por orden del juez que investiga la presuntas irregularidades cometidas, Antonio Piña.

Se trata de las denominadas regularizaciones que se habían realizados, previo acuerdo entre el gerente único de la UTE, Alberto López, y la concejala de Bienestar Social, Marga Martín, ambos imputados por el juez, como así lo revelan los documentos, a través de facturas, algunas de las cuales le habrían sido remitidas "en sobre cerrado", y sin que pasaran por el registro.

Los agentes, que acudieron sobre las 10,30 horas al área de Bienestar social, fueron derivados al servicio de Tesorería, en donde se encontrarían las facturas que pedía el juez. En su segunda visita, al final de la mañana de ayer, acudieron a la Intervención municipal, en donde se encontrarían otros documentos que se habían requerido desde el Juzgado de Instrucción número 2.

En total serían unas quince facturas, así como otra documentación, relacionada con los pagos realizados a la UTE durante 2010 y 2011, en esté último año muchas de las facturas que se pagaron contaron con los sucesivos reparos del interventor, al advertir ilegalidades en el proceso, pero que finalmente fueron abonadas al ser levantados por el exalcalde, Francisco Rodríguez, con los correspondientes decretos.

En cuanto a otros documentos relacionados con la facturación de años anteriores, desde 2007 a 2009, no fueron entregadas ya que "no tenían registro", según la justificación que esgrimieron por parte del Concello, aunque existen facturas e informes que contribuirán a poner de manifiestos esas supuestas irregularidades que denunció el grupo de Democracia Ourensana.

Información incompleta

Las reiteradas visitas de los agentes de la UDEV de la Policía al Concello se debe a que en ocasiones anteriores la información que le había sido requerida por el juez estaba "incompleta", de ahí que trasladase una advertencia muy clara a los responsables de los departamentos municipales, en concreto al jefe de gestión económica y presupuestaria, en el sentido de una posible desobediencia.

También se detectaron que muchos de los expedientes que pidió el juez estaban "incompletos", como así lo confirmaron a FARO fuentes de la investigación, que además no descartan que se hiciese de forma intencionada.

Lo que resulta especialmente significativo es que en algunas de las facturas que ya tiene en su poder el juez se observan correcciones realizadas, en unos casos a bolígrafo, con tachones y utilizando tipex, y que vienen a reflejar diferencias en cuanto a las cuantías económicas que se tenían que pagar y las que finalmente se abonaron a la UTE de ayuda a domicilio.

Unas cantidades económicas que se conocerán una vez que un equipo de la Policía concluya el informe que está elaborando, y al que se tendrán que añadir estos nuevos documentos, que permitirán concretar esos incrementos, además de pagos realizados por conceptos que no estaban contemplados en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Lo que se puede constatar, con los documentos que reclamó el juez, es si se produjo una "simulación" de facturas, las denominadas "especiales", como así señala en uno de los correos electrónico de Alberto López a Marga Martín, que formarían parte de esa estrategia de regularización que se habría llevado a cabo durante toda la prestación del servicio.