El PP pedirá al alcalde ´ceses inmediatos´ por los datos sobre irregularidades en ayuda a domicilio

Rosendo Fernández califica de "gravísimas" las nuevas revelaciones relacionadas con la investigación judicial - Acusan a la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde de "cobardía política" por culpar a funcionarios

01.04.2013 | 00:00
Rosendo Fernández discute con Agustín Fernández, a la salida del Concello, por este asunto. // Jesús Regal
Rosendo Fernández discute con Agustín Fernández, a la salida del Concello, por este asunto. // Jesús Regal

Invocando la necesidad de adoptar medidas y poner freno a lo que considera una "desgracia" para el Concello de Ourense, el grupo municipal del Partido Popular, a la vista de lo que califica de "gravísima situación" respecto a las nuevas revelaciones relacionadas con la investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, pedirá al alcalde, Agustín Fernández "ceses y dimisiones".

El portavoz popular, Rosendo Fernández, alude directamente a la información de FARO DE VIGO, en su edición del viernes 29 de marzo, que en exclusiva daba a conocer que la secretaria del exalcalde había anunciado por correo electrónico a Alberto López, gerente único de la anterior empresa de ayuda a domicilio, Troncoso-Saludges, que ganaría una concesión, en este caso el del comedor sobre ruedas, antes de que se reuniera la mesa de contratación, que presidía Agustín Fernández, actual alcalde y en aquel momento concejal de Economía y Hacienda. También formaba parte de dicha mesa la edil de Bienestar Social y actual teniente de alcalde, Marga Martín, imputada por el juez que se encarga de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña.

Los datos aportados son lo suficientemente determinantes, como así se constata en los documentos, con mención especial a la misiva de Alberto López a la concejala de Bienestar Social: "Estimada Marga, podemos preparar una factura de 19.500 euros a mayores", así como la referencia a la facturación "real" y a la "especial", que llevan al portavoz popular a recalcar que el alcalde "debe de inmediato convocar una junta de portavoces", tal y como se acordó en pleno para analizar situaciones de este tipo.

Sostiene Rosendo Fernández que al alcalde, que ayer no asistió a la procesión del Domingo de Pascua por encontrarse fuera de la ciudad, no le queda otra. "Si todo lo que se publicó es cierto; ceses y dimisiones inmediatas, de lo contrario al juzgado", recalca.

Culpar a los funcionarios

Pero dentro de lo que considera "espectáculo bochornoso" que está generando el gobierno socialista, el portavoz popular es concluyente al señalar que lo que hizo la concejala de Bienestar Social, durante la declaración, como imputada, ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, al culpar a los funcionarios municipales, es una "cobardía política".

"Si tengo que echar las culpas a los funcionarios para de esa forma no asumir las responsabilidades propias del cargo -en este caso del área de Servicios Sociales-me voy para casa", sentencia Rosendo Fernández, sobre todo después de tener conocimiento, a través de este diario, "pues el gobierno municipal sigue sin facilitarnos información", de las estrechas relaciones que había con el responsable directo de la anterior empresa que se encargaba del servicio de ayuda a domicilio, y que ahora se constatan con todos los documentos que se están conociendo.

También advierte sobre las responsabilidades que en todo este asunto tiene el exalcalde, Francisco Rodríguez, que presentó su dimisión después de su imputación en la operación Pokémon, que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ya que sería el que habría ordenado a su secretaria -personal de confianza que mantiene el actual regidor- que enviase el correo electrónico al gerente único de la UTE y confirmarle que el concurso del comedor sobre ruedas era para su empresa.

Y qué decir del informe de la tesorería municipal, en el que se deja constancia de que "se ve obligada a alterar su normal funcionamiento para darles trámite a facturas de la citada UTE, que además se anticipan al resto". Este pronunciamiento coincide el mismo día en que el exalcalde ordenó pagar 220.000 euros a la empresa investigada. "El informe de recaudación no deja lugar a dudas de que existe un trato de favor", remacha Fernández, con lo que cuestiona abiertamente las manifestaciones realizadas por Marga Martín, que también las hizo en su declaración ante el juez, de que todo se hizo de forma transparente.

Los populares mantienen que se tienen que dar muchas explicaciones y la información que vienen reclamando, pero con los datos que tienen exigirán "medidas inmediatas" al alcalde, y que pasa por "ceses fulminantes" que ya no admiten demora.

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