Todo se inició el 15 de octubre de 2012, cuando los dos concejales de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome y Susana Gómez presentaron en el juzgado una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la gestión del servicio municipal de ayuda a domicilio, algunas de las cuales se pueden constatar en la prolija documentación que tiene en estos momentos en su poder el juez responsable de la investigación.

En el texto de la denuncia se señalaba la presunta existencia de facturas falsas, que se enmarcan en la denominada como "regularización de facturación". Por los documentos a los que tuvo acceso FARO, estas cuentas se concretarían en las que el gerente de la UTE, Alberto López, considera como "real" y otras que pasarían a ser la "especial".

Es por eso que ante los nuevos datos, la dimensión del conocido como "caso ayuda a domicilio" adquiere una trascendendencia mayor a la que en un principio pensaban los edfiles de DO cuando presentaron la denuncia.

Susana Gómez espera que "la justicia nos dirá a qué bolsillo fue a parar el dinero. De dónde salió una vez más ya lo sabemos, dinero de todos los ciudadanos", para defender la actuación de DO de llevar el asunto al juzgado, debido a la "gravedad" de los hechos que afectan al erario público, a un servicio millonario superior los 3 millones de euros al año-, y que se presta a personas mayores y con pocos recursos.

Por su parte, el portavoz popular, sostiene que el Concello de Ourense "debe estar por encima de estas calamidades", por lo que reitera su petición de responsabilidades política, además de las que pueda haber en el ámbito judicial.

Tanto Gómez como Fernández recuerdan la "prepotencia" del gobierno municipal, en lo que se refiere a la negativa sistemática en facilitar información, así como a la creación de una comisión que investigase si se habían producido estas irregularidades que denunciaron.