A la gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Eloína Núñez, le crecen los problemas, que ya transcienden el ámbito de sus competencias provinciales. La Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Pontevedra (Aelpo) envió ayer un comunicado en el que anuncia que ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, Verín y Valdeorras (que lleva Eloína y depende del Sergas), porque el concurso para la adjudicación de los servicios de limpieza "vulnera el principio de libre competencia de mercado establecido en las normativas comunitarias".

El malestar de Aelpo, que representa a 33 empresas que agrupan a más de 5.000 trabajadores en la provincia de Pontevedra, se produce porque el concurso para adjudicar durante un periodo de 10 años la gestión integral de mantenimiento, seguridad y limpieza que acaba de sacar a concurso el CHUO por 150 millones de euros, supone "una primera barrera de entrada que discrimina injustamente a más del 99 por ciento de las empresas del sector a nivel estatal, que son en su mayoría pymes", denuncia el presidente de Aelpo, Miguel Vila.

Este macroconcurso es, a criterio de los empresarios de limpieza de Pontevedra, "restrictivo para estas pequeñas empresas, pues conduce a la adjudicación de un único operador para todos los servicios y suministros, restringiendo, obstaculizando y falseando la competencia".

Estas condiciones hacen que solo puedan acudir a la licitación "las grandes empresas con grandes plantillas, en perjuicio de las pymes." Por ello Aelpo exige la anulación del pliego de condiciones y solicita que se sustituya por otro "que salvaguarde la libre competencia".

También entiende que deberían regularse y fomentarse los contratos en lotes, que facilitan, evidentemente, el acceso de las pymes, "tanto en términos cuantitativos, es decir el tamaño de los lotes puede adecuarse mejor a la capacidad productiva de la pyme, como cualitativos, lo que permitirá una correspondencia más estrecha entre el contenido de los lotes y el sector de especialización de las pymes".

La denuncia de Aelpo se suma a la que ya presentaron estos días la junta de personal del CHUO y la propia plataforma SOS Sanidade Pública. La denuncia de ambos colectivos se centra en el posible riesgo de privatización encubierta de un servicio público, mediante la adjudicación a una sola empresa de una concesión millonaria que compromete además a la futura concesionaria a sufragar 14 millones de euros para colaborar en las obras de mejora hospitalaria.