Ni políticos saliendo por la ventana ni enfrentamiento policial. Los afectados por las preferentes tuvieron voz propia en el pleno de la Diputación y salieron pacíficamente del edificio tras intervenir en el debate. Esta imagen inusual en el salón de sesiones fue posible porque los dos diputados del BNG cedieron sus asientos a dos portavoces de la plataforma de afectados para que expusiesen su problema ante el plenario.
Los tres grupos políticos y la Presidencia acordaron cederles el segundo turno de palabra para que fuesen ellos los que defendiesen su postura durante el debate de una moción presentada por el BNG en la que se proponía rechazar la quita e instar a la Xunta y al Estado a que garanticen que los ahorradores recuperarán todo su dinero.
Antolín Fernández y Arístides Álvarez tomaron la palabra justo después de que el PP anunciase que votaría a favor de la moción. Fernández se mostró duro y receloso ante un acuerdo unánime que "no vale para nada más que para quedar reflejado en una acta" y manifestó que lo único que quieren los afectados "es que nos devuelvan nuestro dinero". Criticó que la vía del arbitraje "fue muy ágil hasta las elecciones autonómicas pero después quedó paralizada" y reclamó que se extienda al 100% de los casos.
Antolín Fernández aprovechó el lugar que le cedió el diputado nacionalista Leopoldo Rodríguez Puga para lanzar un reto a la corporación, y en especial al grupo de gobierno del PP, encargado de hacer efectivo el acuerdo alcanzado por unanimidad: "Si en un plazo de tres a cuatro meses no hemos recuperado nuestros ahorros significará que ustedes no presionaron lo suficiente". En este caso, añadió, "les pediremos que dimitan por falta de coherencia".
Los alrededor de 40 afectados que asistieron al debate agradecieron el gesto político pero recordaron que "les pagamos para que nos defiendan". Acto seguido abandonaron el salón "pacíficamente". Arístides Álvarez destacó la actitud "tranquila" de la plataforma que "no busca portadas en los periódicos" y advirtió al gobierno provincial de que "la pelota está en el tejado del Estado y ustedes acaban de adquirir la responsabilidad de defendernos".
A propuesta de los socialistas, el acuerdo incluyó poner al servicio de los afectados los servicios jurídicos de la Diputación.
Los tres grupos políticos también aprobaron por unanimidad, esta vez a instancias del grupo de gobierno, una moción contra el cierre permanente de 18 oficinas de Novagalicia Banco en la provincia y que insta a la entidad a reconsiderar este plan de ajuste y a tomar las medidas necesarias para no dejar de prestar servicios en el rural.
La oposición recriminó al PP que presentase esta moción después de rechazar el pasado noviembre una propuesta similar formulada por el PSOE cuando eran cinco las oficinas que se cerraban.
