Los procesos judiciales ralentizan la gestión del Concello y de la Diputación de Ourense. Los servicios jurídicos de ambas instituciones se encuentran completamente colapsados, debido a la multitud de casos abiertos, que requieren la atención de los técnicos y otro personal, para manejar y facilitar la documentación requerida. La administración local mantiene imputados a cuatro cargos públicos y a siete funcionarios. En la Diputación permanecen imputados el expresidente, José Luis Baltar, y fueron llamados a declarar 9 jefes de servicio y 4 contratados.
En el Concello de Ourense permanecen imputados, por diversas causas, el exalcalde, Francisco Rodríguez (PSOE); el exconcejal del BNG, Xosé Fernando Varela; el jefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa; la concejala de Urbanismo, Áurea Soto -está biimputada, por el derribo de un muro junto al matadero y una actuación en la praza de San Antonio-;y la teniente de alcalde y responsable de Benestar y Servicios Sociales, Marga Martín, además de cuatro funcionarios del área de Benestar, en el servicio de Ayuda a Domicilio, un jefe de Servicios Generales y el responsable del consorcio del Festival de Cine (por acoso laboral).
El portavoz del grupo del PP, Rosendo Fernández, destaca que ahora, para rizar el rizo, "hasta imputan a las asistencias técnicas" que tiene contratadas la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
Pero a mayores, el alcalde y el teniente de alcalde que iniciaron el mandato el 11 de junio de 2011, "ya no están en la corporación, y el grupo del BNG perdió a los tres concejales que habían iniciado el mandato", para dar paso a los tres siguientes de la lista, al romperse el gobierno bipartito como consecuencia de la resistencia que puso a dejar la alcaldía Francisco Rodríguez, tras su imputación en el caso Pokemon.
Ante este panorama, Rosendo Fernández sostiene que el Concello de Ourense "está bajo sospecha". Califica la situación como "una desgracia", porque el grupo de gobierno y buena parte de los funcionarios "tienen que gastar la mayor parte de sus emergías en resolver estos problemas", en lugar de "gobernar el Concello y defender los intereses generales de los ourensanos".
Lo que más se está resistiendo, según Rosendo Fernández, es "la gobernabilidad del Concello", como demuestra que a estas alturas del año no haya ni borrador de los presupuestos, por lo que la institución tiene que funcionar con los presupuestos prorrogados del año anterior. La consecuencia de esto es que el grupo de gobierno "solo puede hacer frente al pago del gasto corriente y de personal", lo que implica "una paralización total del Concello".
