Los contratos temporales presuntamente irregulares del puño y letra de Baltar pasaron sin mácula la criba de la comisión de control y seguimiento plagada de personas afines al Partido Popular baltarista. El órgano recibe un severo reproche del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en la querella que atribuye al expresidente un presunto delito de prevaricación continuada. "A la situación de ilícita contratación y su duración sin control o inspección contribuyeron la omisión y silencio de la comisión de control y seguimiento".

Diputados provinciales y personas vinculadas al PP se sentaron a la mesa del órgano que dio el visto bueno, una a una, al centenar de altas de José Luis Baltar con informes favorables. En la mayoría de casos analizados -cada uno de ellos ocupa un epígrafe de dos párrafos- la valoración es casi un copia y pega. Destaca la frase: "Tras un breve cambio de impresiones entre los asistentes, la comisión, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda informar favorablemente el proyecto de bases" de los distintos puestos poco cualificados -albañiles, auxiliares, porteros, peones- decretados por el exbarón del PP.

La discutida labor de la comisión de control y seguimiento toca de lleno a la representación sindical en la Diputación, controlada por Comisiones Obreras, en cuyas listas hay personas afines al PP. La más clara es José Antonio Blanco Pérez, concejal en Esgos -la cuna política de José Manuel Baltar y el lugar de origen de su progenitor- quien acudía a las reuniones, según figura en las actas remitidas al fiscal jefe, en representación de la junta de personal. Los asistentes a cada sesión figuran en cada acta.

Presidía la comisión Plácido Álvarez Dobaño, alcalde del PP en Muiños, portavoz del grupo de gobierno provincial y con dos hijos "enchufados" en la "casa" según denuncia el PSOE. El secretario del órgano era José Luis Suárez Martínez, hijo del alcalde del PP de Monterrei y jefe del servicio de Personal presente en multitud de tribunales examinadores de oposiciones en la Diputación de Ourense.

Como vocales durante 2010 -el primer trimestre, coincidente con el antes y después del congreso del PP ourensano, es el de los contratos investigados- y 2011 figuraban, según la certificación que el secretario remitió en junio de 2012 a petición del fiscal jefe, el exinterventor José María Baños Campo -el único de todos los integrantes de la comisión de control de los contratos que ha sido llamado al proceso judicial en calidad de testigo-, el presidente del Inorde, alcalde de Barbadás y diputado provincial, José Manuel Freire Couto; el exjefe de servicio de Inversiones, que en julio de 2011 fue sustituido por Manuel Valentín Pérez Nieto, hijo del exalcalde del PP en San Amaro y primo del actual regidor; el ya citado José Antonio Blanco; el representante del comité de Empresa José Fírvida, miembro en la actualidad de la comisión negociadora del ERE para 32 empleados; en representación de CSIF, Julia Fernández Alonso; Juan Pinal Hermida, por UGT; Francisco Javier Rodríguez, por la CIG; y Benxamín Vences, por CC OO.

Sobre su labor, el fiscal es meridiano. "En ninguna de las 24 reuniones de dicha comisión, desde enero de 2010 a octubre de 2011, se planteó cuestión alguna, o una mera petición de información sobre las contrataciones de la querella, periodo en el que dos sindicatos ni tan siquiera acudieron por sus representantes a alguna de estas reuniones, y uno de los sindicato sol acudió a tes".