Un hombre de 77 años falleció esta semana en un accidente de circulación en Lobios y, la pasada, otro septuagenario se quitó la vida después de hacer lo mismo con su mujer en una aldea de Vilardevós. La realidad insoslayable del envejecimiento de población en la provincia de Ourense, donde casi uno de cada tres está en edad de jubilarse, incide en la configuración del perfil de los que fallecen de forma violenta. Setenta y nueve personas murieron en accidentes de carretera o en actos suicidas y cuatro de cada diez eran mayores. Tras un 2010 de acusada mejoría en las cifras, el año pasado los fallecimientos autoinfligidos (45) superaron ampliamente a las muertes en carretera (34), con un 32% más de casos. Podría ser incluso mayor la incidencia porque en otros seis fallecimientos existen dudas. La memoria del Instituto de Medicina Legal (Imelga) atestigua la elevada casuística que registra Ourense en comparación con otros territorios. La tasa de suicidios (13,4 casos por 100.000 habitantes) sobresale en la estadística comparada rebasando en más de seis puntos el promedio nacional (7,3).
La mitad de las víctimas de accidente de tráfico en 2011 tenía más de 65 años y uno de cada tres superaba los 75. Los peatones fallecidos suelen ser mayores –dos de las tres víctimas mortales de 2012–. Un importante porcentaje de las personas que se suicidaron –17 de 45– avanzaba en la edad provecta. Ayer, el subdirector del Imelga en Ourense, Julio Jiménez, subrayó la necesidad de adoptar planes de prevención para contener un desenlace trágico que acentúa la confluencia de factores como residir solo, la obsesión por una enfermedad o cambios inasumibles para la rutina de algunos mayores. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la mitad de los casos había antecedentes psíquicos o que un 15% de todos los fallecidos por propia voluntad ya lo había intentado con anterioridad.
Medidas de castigo –administrativo y penal– y campañas públicas de información han acompañado una reducción de las víctimas a casi la mitad en una década en Ourense –59 víctimas en 2001 y 34 el año pasado según los datos forenses–. Mientras, los casos suicidas han aumentado entre el inicio y final del mismo periodo –35 en 2001, 45 el año pasado– con intermedios de cifras similares a excepción del vuelco registrado en 2010, cuando por primera vez en cinco años fueron más frecuentes las muertes en accidente de circulación que las auto infligidas.
Lo que no ha conseguido la labor instituicional es erradicar el consumo de alcohol al volante. Un 18% de los fallecidos en el asfalto había bebido y un 9% arrojó positivo por abuso de drogas. Un año antes, 14 de los 40 fallecidos en siniestro vial –9 conductores– terminaron dando positivo en los análisis post mortem.
Ciento cincuenta personas fmurieron por causas violentas
Por un fatal accidente, por la actuación homicida de un tercero o por propia voluntad, en Ourense fallecieron el año pasado un total de 150 personas de manera violenta. Además, los forenses del Imelga practicaron prueba de autopsia en otros 90 casos más donde el óbito no estaba claro. Dos de cada tres de estos últimos casos se debieron a una patología cardiovascular.
Ourense ha registrado 12 casos de homicidio desde el año 2007 y el pasado, la autopsia determinó esa causa en un total de tres casos, el último, el asesinato del conductor degollado en Verín, Bernardino Pousa Rodríguez. Ciento cuarenta y siete personas fallecieron por actos suicidas –45– o de manera accidental. Los fallecimientos por traumatismos se han incrementado un 15% en un año.
El servicio asume más trabajo con los mismos forenses que en 1989
Siete médicos forenses, dos psicólogos, una trabajadora social, dos auxiliares y dos funcionarios sostienen la elevada carga de trabajo del servicio de medicina legal de Ourense, que el año pasado realizó cinco mil valoraciones e informes. "Necesitamos más personal, tenemos los mismos forenses que en el 1989 y hay riesgo de que las cosas no salgan bien", incidía ayer el subdirector, Julio Jiménez. Periciales en temas como incapacidades –otro exponente del envejecimiento de población– "duplicaron el trabajo". El reciente refuerzo con un segundo psicólogo del que carecían desde el pasado junio ha encarrillado el trabajo. Con todo, el retraso se mide en meses e incluso años para cuestiones como la valoración de custodias conflictivas. Informes que la juez de Familia ya empieza a rechazar si no proceden para evitar demoras buscadas por las partes. Jiménez considera que el servicio forense solo debería realizarlas en casos donde haya que valorar violencia familiar.
Cuatrocientas mujeres denunciaron ser víctimas de violencia machista en un año
Un total de 396 mujeres presentaron denuncia por violencia de género el año pasado en Ourense, según la estadística de la Subdelegación del Gobierno. Los casos se adaptan a la triste realidad de cada mujer e incluyen violencia física pero también psíquica. Pese al primer paso no todos los procesos fructifican por vía penal tras abrirse por la denuncia de la propia víctima o su entorno, a consecuencia de un atestado policial o debido al protocolo médico.
El trabajo de los forenses que valoran el alcance de las lesiones y los daños psicológicos sufrido por las víctimas para actuar como peritos en la causa judicial, dio lugar a un total 273 atenciones; la mayoría (109) exámenes de daño corporal. Según el subdirector del Imelga en Ourense, "indica que hay un porcentaje importante de víctimas que no pasan por el forense porque se niegan a ser reconocidas porque retiran la denuncia".
Las casos de agresiones a mujeres maltratadas en Ourense corresponden, la mayoría de las veces, a lesiones leves, asegura el forense, aunque el año pasado la violencia machista dejó 24 agresiones físicas graves, según la Subdelegación.
Sin acceso a la base de datos
Las disfunciones entre distintas instituciones que deberían engranarse en la administración de justicia tienen un ejemplo en el Imelga. Los forenses no tienen acceso al sistema de pruebas médicas del Sergas que facilitaría su labor clínica, pero además tampoco pueden utilizar la base de datos del Ministerio del Interior con registros sobre violencia de género para poder determinar el riesgo de reincidencia y de peligrosidad de los presuntos agresores machistas.
