El planeamiento urbanístico del Concello de Ourense, que se encuentra entre la ordenación provisional aprobada por la Xunta que contempla 31 ámbitos de actuación y el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1986 –al ser anulado por el Tribunal Supremo el de 2003–, podría verse abocado a un nuevo freno, después de que el grupo municipal del Partido Popular alertase ayer de un retraso, "como mínimo de dos años", del nuevo ordenamiento que se encuentra en proceso de redacción.

Y lo que debería estar finalizado y aprobado en 2013, como se concreta en el convenio de colaboración y cooperación técnica y económica para la redacción de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal, firmado el 16 de diciembre de 2008 por el Concello de Ourense y la Xunta de Galicia, en aquellos momentos con el gobierno bipartito, PSOE y BNG, tendrá que esperar al menos dos años más, con lo que su entrada en vigor no sería efectiva hasta finales de 2015, según los datos aportados por los populares. Y ello se debe a la "inoperancia e incompetencia" así como a la "dejadez de funciones" de la concejala de urbanismo, Áurea Soto, y con el "consentimiento" del alcalde, Francisco Rodríguez.

En ese convenio, la Xunta asumió el compromiso de aportar el 50% del coste total de la redacción del nuevo planeamiento urbanístico, que supera el millón de euros, fijando la cantidad de 522.000 euros, y estableciendo para ello cinco anualidades, de 2009 a 2013, en las que se determinaban diferentes cantidades económicas. Y es precisamente en este punto donde surgen los problemas, que para el PP se concreta en los "incumplimientos" por parte del gobierno bipartito.

Documentación acreditativa

Así, con los datos de que dispone el PP, "facilitados por la Xunta, ante la negativa del bipartido de facilitarlos y ahora al no convocar las juntas de área de Urbanismo", concretó su portavoz, Rosendo Fernández, el Concello cumplió solo en la primera anualidad, la de 2009, al remitir en tiempo y forma la documentación justificativa de cumplimiento de esta primera fase, como se recoge en el convenio de colaboración, y la Xunta hizo efectivo el importe de 52.000 euros.

Las cosas cambiaron, y en la segunda anualidad, la de 2010, el bipartito esperó para solicitar el abono , previa entrega de la justificación de los trabajos realizados, hasta el 4 de noviembre de 2011, con un año de retraso. La Xunta confirmó a los populares que dicho abono no se pudo hacer efectivo, quedando pendiente para el ejercicio presupuestario de 2012..

Además, la Xunta deja constancia de que durante los ejercicios de 2010 (140.000 euros) y 2011 (130.000 euros), en total 287.100 euros, no efectuó ningún pago correspondiente al convenio, ya que por parte del Concello no se acreditó el cumplimiento de fases que diesen lugar a algún pago parcial.

Esto llevó a que se tuviese que formalizar, el 22 de diciembre de 2011, una modificación, a través de un anexo, del convenio, y de esa forma "evitar perder esas subvenciones", recalcó Fernández, que cargó contra la edil de Urbanismo, a la que "advertimos de esta situación, pero se escudó en un falso reajuste automático", y el alcalde, por "dejadez de funciones". Los populares destacan "la colaboración y lealtad" de la Xunta para evitar perder ese dinero, "como sucedió en otros casos", indicó.