Representantes de la CIG denunciaron, ayer por la mañana, los riesgos que corren las mujeres embarazadas y las madres en período de lactancia que trabajan en los servicios de prevención y extinción de incendios.
A pesar de estar contemplados por ley sus derechos, al permanecer en puesto de trabajo en los que exista riesgo para su salud y la del feto, Zeltia Burgos, delegada de prevención de la Xunta y responsable comarcal de la Salud Laboral de la CIG, explicaba que "ni la Xunta ni la Mutua Gallega están tomando las medidas legales que tenemos".
Derechos básicos
La ley acoge unos derechos básicos. Zeltia Burgos explicaba el procedimiento que debería seguirse; "cuando se sospecha que hay riesgo para la maternidad y la lactación, la trabajadora tiene que comunicar este hecho a la empresa, y la empresa debería adaptarla a otro puesto, pero en este caso, al tratarse de trabajos de prevención y extinción de incendios no es posible, por el riesgo que correría igual, y lo que se hace es la suspensión de contrato, que es un procedimiento por el que se suspende el contrato, y lo paga la Mutua, en este caso es la Mutua Gallega".
La responsable comarcal manifestaba que lo que está pasando es que "las trabajadoras hacen todos los trámites perfectamente para actualizar la suspensión" y la Mutua "lo que hace es denegársela".Y de esta manera, "el puesto no se adapta ni se suspende el contrato. Entonces, esta mujer embarazada, esta mujer en período de lactación está trabajando con riesgos para su embarazo, para su feto, para ella misma, para su bebé en el servicio de extinción".
Anxo Pérez Carballo, técnico superior en PRL y miembro de la Executiva Condefederal de la CIG recuerda que este hecho es un delito recogido por ley (1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales), y afirma que en estos casos la Mutua Gallega, al denegar la suspensión del contrato, "ahorra mucho dinero".
La Xunta, dice "está a promocionar una Ley de Familia cuando por otra banda deja desprotegida la maternidad de sus propias trabajadoras".
En su intervención, Xesús Dorado Noya, miembro del Comité de Empresa del SPDCIF, recordó que este tipo de trabajos requieren "mucho esfuerzo", y para las mujeres embarazadas supone estar en unas "condiciones perjudiciales, por los riesgos, tanto para su persona como para el bebé que lleva dentro", por lo que "no tienen las condiciones adecuadas".
Quisieron recalcar que en este mes se incorporan muchas mujeres a sus puestos, y la vía legal no se aclarará hasta octubre.
