IVÁN XIL - OURENSE
Los efectos de la crisis económica en Ourense se dejarán sentir con mayor intensidad durante las próximas semanas, cuando se materialicen las amenazas de cierres y regulaciones de empleo en media docena de empresas entre las que suman más de 300 puestos de trabajo.
La comarca de Valdeorras es la que sufre las peores consecuencias de toda la provincia, al depender en buena medida del sector pizarrero. El futuro de Pizarras Ipisa pende de un hilo, mientras que la empresa Pizarras Sobradelo ya ha rescindido contratos, pasando de 200 trabajadores a cerca 60. Sin embargo, las empresas a punto de echar el cierre se encuentran repartidas por todas las comarcas de la provincia.
En Verín peligran la treintena de trabajadores de Maderas Tejada; los mismos que en la ribadaviense Puertas Roimar; mientras que en O Carballiño, Prefabricados Emben cesaría su actividad afectando a una quincena de trabajadores.
La comarca de la Baixa Limia se enfrenta también al cierre inminente de Vidriera del Atlántico que, tras reducir su personal contratado hasta los 130 empleados, la dirección ha presentado un concurso de acreedores, que el comité de empresa ya ha llevado a los juzgados.
En la capital, el conflicto irresuelto de Mecanizados Rodríguez Fernández se encuentra temporalmente paralizado, temiéndose que podría saldarse afectando a 57 de los 128 puestos fijos que mantiene en la actualidad, en las plantas de Pereiro de Aguiar y Gustei.
Los principales motivos aducidos por los cuadros de dirección son unos supuestos desplomes en sus cuentas de facturación. Por su parte, las centrales sindicales apuntan a una forma de deshacerse de personal fijo con un bajo coste.
Precisamente, el abaratamiento del despido para posteriormente reconvertir los contrato indefinidos en temporales es una de las líneas a las que apunta la "reforma laboral que se está a levar a cabo con secretismo e co consentimento de CCOO e UGT", denunció Etelvino Blanco, líder comarcal de la CIG.
El aumento de la precariedad laboral, que según la CIG ya alcanza a más del 40% de la población ocupada, se suma al estancamiento del nivel salarial de los ourensanos, que ya roza los niveles más bajos del Estado. Este retroceso se incrementará de llevarse a cabo "a reforma laboral que UGT e CCOO se dispuxeron a asumir asinando unha subida salarial de tan só o 1%".
