La Audiencia Provincial ha ratificado la anotación de registro que decretó el Juzgado de Primera Instancia como medida preventiva para las seis parcelas que Flager ostenta en la Finca Santamariña. El auto de la Sala preserva los derechos de propiedad de Jesús López, un particular que demanda el 14,58% de la totalidad de la finca; y concluye que la promotora hizo valer los derechos de beneficio de todos los reversionistas cuando obtuvo el 57% del solar en Junta de Compensación.

Por este razonamiento, la Sección Primera de la Audiencia no admite la modificación de la medida cautelar propuesta por Flager, el pasado 23 de febrero, en un recurso de apelación finalmente desestimado. La empresa ofrecía concentrar los derechos de propiedad de los particulares (los 14,58 del demandante más un 15% reclamado por otras dos personas) en dos parcelas de uso residencial donde no repercutiría la implantación de El Corte Inglés que la promotora considera clave para sus planes. Terrenos sobre los que, en definitiva, pesarían los embargos heredados por la promotora y donde no existen "garantías imprescindibles" para los particulares, según estima el auto judicial.

Flager adeuda un montante aproximado de 3 millones de euros a otros antiguos propietarios de Santamariña, a quienes adquirió un porcentaje de suelo sin que, a día de hoy, haya afrontado el pago.

En apelación, Flager prometió la ejecución de estas obligaciones "si El Corte Inglés se implanta en Santamariña; algo que no hará si existen cargas judiciales de demanda", tal y como recordaba el letrado de la empresa, Felipe Izquierdo.

Tras la resolución acordada por la Audiencia Provincial, Flager y reversionistas deben apurar un acuerdo antes de 2 meses, "porque en mayo se ha marcado la subasta pública de la finca matriz de Flager" conforme al embargo que pesa sobre ella por los impagos de la empresa, según reconocía ayer a este periódico el representante de uno de los reversionistas, Alfonso Grande.

Por esta parte aún se demanda el derecho a obtener un beneficio del 14,58% del total sobre la inversión prevista para la instalación de El Corte Inglés. Una cantidad que aunque se antoja beneficiosa, quedaría mermada por los costes de pago y urbanización a los que el particular también debe hacer frente en idéntica proporción.

"Lo normal y la voluntad es que logremos el desbloqueo y buscaremos un acuerdo", dice Grande. Su parte demanda una garantía de aval que incluya el porcentaje de inversión por la llegada del centro comercial.