El juez asegura que el ingreso del menor en un centro "no implica la ruptura familiar"

El auto recoge que el objetivo del traslado de Moisés, que tiene 9 años y pesa 70 kilogramos, al tutelar de A Carballeira "es exclusivamente garantizar el seguimiento del tratamiento indicado por los médicos"

 22:04  
Centro Educativo de Menores de A Carballeira, donde podría ingresar el menor en los próximos días.  // J.R.
Centro Educativo de Menores de A Carballeira, donde podría ingresar el menor en los próximos días. // J.R. 

SOFÍA LÓPEZ - OURENSE El auto dictado el jueves por el magistrado José Javier Bobillo Blanco, titular del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Ourense, deniega la petición de suspensión cautelar de ingreso en un centro de menores solicitada por Luis Montoya y Margarita Gabarra, los padres del niño de 9 años que padece obesidad y cuya tutela recae ahora en la Xunta de Galicia. La situación ha desbordado a sus familiares, que a pesar de la negativa de la autoridad judicial se niegan a "entregar al pequeño" al considerar que no existe desamparo y ante el riesgo de no volver a ver a su hijo.

Sin embargo, en este sentido, el auto destaca que el citado internamiento en el Centro Educativo de Menores de A Carballeira, "no supondrá en modo alguno la ruptura definitiva de la comunicación del niño con su entorno familiar". Así, el documento recoge que "el régimen y periodicidad de las visitas de los padres y otros miembros de la familia biológica del menor o allegados, se deberá ajustar a los horarios y directrices fijados por el director de dicho centro".

Además, José Javier Bobillo resalta que la situación actual, por la que se decide asumir la tutela del menor por parte de la Xunta de Galicia, "es esencialmente revocable, o lo que es lo mismo, en ningún caso definitiva", explicando que el objetivo "es exclusivamente garantizar el seguimiento del tratamiento indicado por los médicos".

Escasa disciplina

El juez de Ourense razona en el auto dictado el jueves que la declaración de desamparo del menor no supone una censura a la dedicación y atención de sus padres en lo que se refiere al cuidado en general de su hijo, sino "única y exclusivamente en relación a su escasa disciplina alimentaria, que daña gravemente la salud actual y futura de Moisés".

De este modo, matiza que la decisión adoptada por la Xunta de Galicia no deriva de una "actuación precipitada", sino que arranca desde el año 2004-2005. El juez recuerda que un informe médico del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Ourense con fecha de 7 de agosto de este año, recoge que el menor, que aquel entonces tenía cuatro años, sufrió una infección respiratoria grave, debido a su obesidad, mórbida ya que pesaba 61,5 kilogramos. En mayo de 2008, Moisés, que tenía 8 años, pesaba 83 kilos.

El informe de agosto destacaba también que el grado de obesidad del niño, unido a la falta de cumplimentación del tratamiento, ponían en riesgo la vida de Moisés y el riesgo además de padecer hipertensión, arterioesclerosis, enfermedad coronaria, hiperglicemia, diabetes, diabetes e incluso agravamiento de la apnea obstructiva del sueño que ya padecía.

Otro de los argumentos del juez radica en que cuando el menor estaba a cargo de sus abuelos, perdía peso, pero que cuando volvía con sus padres, engordaba de nuevo. "Incluso hubo un control diario de la dieta y del ejercicio de Moisés en el Centro Xurde, pero aunque en dicho lugar cumplía la dieta, no lo hacía en el ámbito familiar. A su entender, la cuestión "trasciende las meras consideraciones estéticas, para convertirse en un asunto de serio y profundo calado médico".

Por su parte, el letrado de la familia Montoya, José Manuel Rodríguez, manifestaba ayer que estudiará el documento judicial con cautela. "Informaré a mis clientes de los riesgos que corren si incumplen la entrega del niño al centro de menores, y valoraré la posibilidad de recurrir el auto".

Tras la decisión del juez, es ahora competencia de la Xunta de Galicia dar orden a la policía para que busque al menor, ya que si sus padres no lo "entregan" podrían incurrir en un delito de ocultación, denegación de auxilio y desobediencia, penado con cárcel.

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