Gerardo González fue intervenido en 1999 de una dolencia suprarenal en el Complejo Hospitalario de Ourense, un proceso que se complicó hasta derivar en varias intervenciones más y en un cuadro infeccioso generalizado que acabó por costarle la vida. Tenía 62 años de edad.
La familia de la víctima presentó entonces una denuncia por negligencia contra tres cirujanos del CHOU. Ayer, diez años después de aquella denuncia y a las puertas del juicio que iba a celebrarse en el Juzgado Número 2 de lo Penal de Ourense, la viuda e hijos del paciente y los cirujanos que lo atendieron, volvieron a verse las caras. Tras una hora de explicaciones a puerta cerrada y sin la presencia siquiera del juez, se alcanzó un acuerdo de conformidad. La familia decidió retirar la denuncia y los tres médicos quedaron absueltos.
El asunto quedaba cerrado por la vía penal, pero en un acuerdo al margen por lo civil, la aseguradora de la Consellería de Sanidade, decidió indemnizar con 162.000 euros a la esposa y a los hijos del fallecido. "Es su decisión, no la compartimos, una vez que se reconoce que no hubo negligencia, pero la respetamos y suponemos que lo que quería la aseguradora es evitar nuevos procesos judiciales y el pago de costas diez años después", explicaron fuentes próximas a los denunciados.
Un acuerdo de conformidad, inesperado inicialmente para la parte demandada, ponía fin a diez años de desencuentros, petición de pruebas y testificales. La acusación particular solicitaba para los cirujanos J.M.O.T.U, así como M.P.F.S. y M.D.C penas que oscilaban entre uno y dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación profesional, por un delito de imprudencia grave con resultado de homicidio. Por su parte el Ministerio Fiscal rebajaba los hechos a falta de imprudencia leve con resultado de muerte, por la que solicitaba dos meses de multa a razón de 20 euros diarios.
El acuerdo
"Nos enteramos en sala de que la familia había alcanzado un acuerdo por la vía civil con la aseguradora", indicó Eugenio Moure, abogado de los acusados "y nos propusieron que si aceptábamos haber cometido una falta de imprudencia leve, la familia se daba por satisfecha".
Los cirujanos se negaron "estaban seguros de que no habían cometido ninguna negligencia, y preferían someterse a juicio, con el riesgo incluso de que la condena fuera más grave, antes que reconocer su culpa". Fue ahí donde se decidió dejar hablar en solitario a las partes "la familia también necesitaba explicaciones", señaló Moure. Del diálogo surgió este acuerdo de conformidad, que encaja un proceso civil dentro de una causa penal. "Tal vez habría que pensar en crear la figura del mediador en este tipo de conflictos sanitarios", apuntó Moure.
