Los comuneros de Domaio celebraron su asamblea anual ordinaria en la que se aprobaron asuntos de calado como un acuerdo con particulares sobre la titularidad de siete fincas expropiadas por la Xunta para la construcción de la futura Autovía do Morrazo. Se ubican en el lugar de Liñares-Barreiros y aunque estaban clasificadas como monte comunal, varios vecinos tenían títulos de propiedad sobre las mismas.

Se acordó, finalmente, la cesión a los comuneros con el compromiso de compensar a estos propietarios cuando reciban los pagos de expropiación. Hay que recordar que los comuneros de Domaio recurrieron la valoración inicial de la Xunta en esta expropiación y por lo tanto esperan cobrar más dinero del planteado inicialmente. Con este acuerdo el monte comunal expropiado se incrementa en 4.809 metros cuadrados.

Los comuneros aprobaron también las cuentas de 2017 en las que destacaron las inversiones de 81.000 euros en trabajos de explotación del monte o los 31.647 euros invertidos en mejoras como la mejora de la seguridad de la carretera entre Palmás y San Lourenzo. Con dinero de la junta de montes se ensancharon las curvas más peligrosas de este vial.

Para 2018 se aprobó un presupuesto de 255.500 euros, que incluye 10.000 euros de fondo social y aportaciones de 16.500 euros a distintas asociaciones de la parroquia como el club de fútbol, colectivos vecinales, el club de jubilados, el Anpa del colegio, el propio centro escolar o el colectivo de mujeres Poza da Moura.

Entre los trabajos a realizar se preparará la rehabilitación de la Casa do Local, cedida por el Concello a la parroquia. Será un local social para los vecinos. Los comuneros encargaron ya proyectos de reforma a tres arquitectos y esperan por las propuestas. También se pretende ejecutar un proyecto de reforma del área de esparcimiento de Chan de Arquiña.

En materia de compra de terrenos también hubo un acuerdo importante. Y es que se aprobó una tabla de precios para la futura compra de nuevos terrenos que se incluyan dentro del monte comunal. Hasta ahora, el criterio del tope de 6 euros por metro cuadrado, dejaba lugar a muchas arbitrariedades. Los técnicos de los comuneros establecieron una valoración de las distintas parcelas en función de su valor cultivable, su ubicación o su pendiente. Se podrán pagar entre los 2,5 euros por metro cuadrado en el caso de las fincas con menos valor y 5,25 euros por metro cuadrado en las que presenten mejores condiciones.