El Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional acordó oficial al Concello de Cangas para que en el plazo de diez días aporte compia del convenio urbanístico firmadocon la empresa Promalar SL en el año 2005 "e informente, antendiendo Plan General de Ordenación Urbana vigente desde 2005 hasta la actualidad, sobre la calificación urbanística de los terrenos incluidos en el convenio firmado con Prolamar". Esta resolución es consecuencia de un procedimiento que se sigue en el citado juzgado por un delito de balnqueo de capitales, un delito societario y otros. En febrero del año pasado, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) tuvo que declarar también en la Audiencia Nacional por culpa del otro convenio que se firmó conjuntamente con el de Promalar, el de Massó, concretamente. Antes lo había hecho también el concejal de Urbnanismo, Mariano Abalo, y también miembros de la Cofradía de Pescadores de Cangas. En este caso, era Anticorrupción quien perseguía el convenio firmado con la empresa Residencial Marina Atlántica, que dirigía Ubaldino Rodríguez.

Cuando el Concello de Cangas firma en 2005 el convenio urbanístico con Promalar, estaba de alcalde el popular José Enrique Sotelo y el propietario de la empresa constructora era Juan Lago, que pretendia la construcción de 4.000 viviendas en Aldán, en una superficie de 492.210 meros cuadrados, concretamente entre Menduiña y Lagüelas. La empresa que lideraba Juan Lago realizó dos pagos al Concello de Canas: el primero de 2 millones de euros, traban haber sido ratificado el convenio por el pleno de la corporación municipal y, en segundo, de 742.500 euros, tras la aprobación inicial del un PLan Xeral de Ordenación Municipal que nunca salió adelante. De hecho, como consecuencia de que el documento nunca se aprobó definitivamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en 2015 que procedía devolver solo la cantidad de 742.500 euros porque este pago correspondía a la probación inicial del Plan Xeral, que resultó suspendida por el Concello. No debía pagar los 2 millones de euros restantes pque en ese caso sí se produjo el hecho del que deriva el pago, laratificación del convenio urbanístico.

La estrategia que iba a seguir el Concello de Cangas con Promalar era, según explicó en su día el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, era en considerar que el dinero que entregó al Concello Promalar era un anticipo de lo que tendría que abonar al desarrollar urbanísticamente la zona. Considera que el convenio está vigente todavía, independientemente de que con posterioridad pueda ser modificado. Hay que señalar que la zona en cuestión está afectada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) .

Hayconstancia de que el Concello, como consecuencia de un requerimiento judicial, entregó a la empresa 830.197,13 eruos de los cuales 742.000 euros corresponden al principal y 88.197,13 al interés legal. Promalar también solici´to después los inereses por el retraso en abonar la cantidad demandada, concretamente 20.701, 80 euros. Las negociaciones entre gobierno local de Cangas y Promalar están ahora mismo paralizadas.

No hay que olvidar que tanto el convenio de Massó como el de Promalar fueron armas que la oposición utilizó para echar abajo el Plan Xeral y, con posterioridad, derrocar a un Partido Popular que tenía mayoría absoluta en aquel momento.

El juzgado quiere saber todos los términos del convenio urbanístico con Promalar, del que nadie se quiere acordar. Las cifras que se solicitan siempre bailan con inusitada rapidez.