Personal administrativo de los juzgados de Cangas, con el apoyo de abogados, procuradores y jueces, se concentraron ayer por la mañana a las puertas de la sede judicial para exigir que la Dirección Xeral de Xustiza dé marcha atrás en sus intenciones de retirar, el próximo 31 de octubre, a la funcionaria destinada como refuerzo al juzgado mixto número 3 en el mes de abril. Y es que los trabajadores de los juzgados cangueses llevan días denunciando esta decisión al asegurar que volvería a colapsar la tramitación de los distintos casos, generando una gran disfunción y causando un grave perjuicio para los ciudadanos.

Los concentrados explicaron que la solicitud inicial del refuerzo de personal, colmada en abril, se debe a que el juzgado estaba colapsado al tramitar, entre otros asuntos, dos macrocausas judiciales como la llamada "Operación Vida", que investiga una presunta trama criminal en los mercadillos ambulantes de la provincia encabezada por lo que se conoce como clan de los Morones. De hecho, los participantes en la concentración, explican que el juzgado número 3 tiene pendientes todavía sentencias de causas iniciadas en el año 2013, lo que supone un retraso de más de cuatro años.

En el juzgado penal trabajan en estos momentos tres funcionarios, aunque solo dos se encargan de los trámites administrativos y el tercero actúa como agente jurídico. En el caso de los procedimientos civiles, en el juzgado número 3 de Cangas trabajan cuatro funcionarios con el refuerzo. Si no se produce un cambio de decisión por parte de la Xunta, quedarían tres personas. Además, la titular de la mesa solicitó un concurso de traslado y su plaza puede quedar vacante en breve, lo que supondrá unos dos meses hasta que se cubra "y el que llegue tardará en conocer bien el funcionamiento y acelerar las tramitaciones, como ocurre con cada cambio de personal".

De hecho, el retraso en cubrir los traslados es una de las causas del colapso de este juzgado, "pues en total tuvimos hasta 10 meses sin todas las plazas cubiertas".

Desde el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), que convocó la concentración, explican que en su demanda cuentan con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y que seguirán requiriendo una continuidad del refuerzo a la Xunta hasta el 31 de octubre. Los concentrados ayer exhibieron carteles que pedían la continuidad del refuerzo y desplegaron una pancarta con el siguiente lema: "Traballadores de Xustiza en contra dos recortes e na defensa do servizo público".