10 de febrero de 2017
10.02.2017

Abalo emplazó a la Sareb para que derribe los dos chalés ilegales de Darbo

La sociedad afirma que también es un afectado, ya que recibió esta situación de Caixanova

10.02.2017 | 02:58
Los dos chalés adosados que el TSXG obliga a derribar y que están deshabitados. // Gonzalo Núñez

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se considera también afectada por la situación en la que se encuentran los dos chalés de Ramal do Paraíso, en Darbo, sobre los que pesa una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena su derribo. Manifiesta que recibió este problema de Caixanova y que ahora mismo estudia todas las medidas legales para proteger sus intereses. También aclara que a quien le pide el juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra que informe sobre el proceso de demolición es al Concello de Cangas, no a ella. La Sareb recuerda que el problema radica en que la empresa constructora no se ajustó a la licencia concedida.

Mientras, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, asegura que desde su departamento se emplazó recientemente a la Sareb para que ejecute la demolición, ya que en caso contrario lo haría el Concello y pasaría después el coste a la citada sociedad. Abalo manifestó que el Concello de Cangas estaba dispuesto a asumir los costes del derribo si la Sareb no cumple con la orden de demolición impuesta por los tribunales de justicia.

Hay que recordar que es el Concello de Cangas quien está incumpliendo sus propios acuerdos. Existe un acuerdo de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2012 por el que se ordenó a Promociones Xucaba S.L. la demolición las obras consistentes en dos viviendas adosadas amparadas en una licencia, sin ajustarse a los términos que figuran en la misma, en cuanto a criterio de parcelación.

El día 7 de junio de 2016, el actual regidor local, Xosé Manuel Pazos, decretó la orden de derribo de los chalés e i impuso multas coercitivas. En esas fechas había finalizado el plazo de tres meses que impuso el TSXG para que el Concello de Cangas ejecutara su propio acuerdo.

Retraso

Por aquel entonces, el alcalde manifestó que el retraso en adoptar medidas por parte del Concello de Cangas obedeció a que tenía que estar seguro de a quien habían que dirigirse para pedirle que procediera a la demolición. Se tardó tiempo en averiguar que los dos chalés en cuestión son propiedad de la Sareb.

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