Los ocho alcaldes que forman el gobierno del Área Metropolitana y representan a 401.427 habitantes consideran "una irresponsabilidad" el recurso judicial presentado por la Xunta contra el nuevo ente y pelearán en los tribunales para que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo no declare la suspensión del organismo y se les permita seguir trabajando durante los meses que tarde en resolver si su constitución cumplió o no con la legalidad. Los ayuntamientos de Vigo, Cangas, Moaña, Porriño, Nigrán, Gondomar, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes han decidido personarse en la causa para defender que el Área está legalmente creada y tiene el rango de entidad local menor tal y como le otorga la ley aprobada en el Parlamento gallego.
"Estamos decididos a empujar para que este proyecto salga adelante", avanzaba la alcaldesa de Porriño y vicepresidenta tercera, Eva García, al término de la segunda Junta de Gobierno ordinaria celebrada ayer por la mañana en el antiguo Rectorado de Areal. El presidente metropolitano y alcalde de Vigo, Abel Caballero, tildó de "artificio" el recurso autonómico contra la propia convocatoria de la asamblea constituyente del 1 de diciembre y dejó claro que la prioridad de los ocho regidores que siguen comprometidos con el ente supramunicipal es que el juez no acepte la petición de la Xunta de paralizar el Área y sus acuerdos como medida cautelar en el plazo de diez días hábiles.
Los ocho alcaldes deberán, no obstante, esperar a que se les notifique el recurso como "codemandados" para poder luego personarse en la causa y presentar alegaciones jurídicas y técnicas contra los argumentos expuestos por el gabinete del Ejecutivo gallego, que reclama la integración efectiva del transporte urbano de Vigo en el plan metropolitano para dar por constituida el Área y pone en duda la legalidad de la primera asamblea por las dudas legales que todavía están pendientes de resolver sobre la elección de dos representantes de los concellos de Moaña y Gondomar.
Tal y como explicó ayer el vicepresidente primero y alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, el grupo se enfocará en defender la legalidad de las actuaciones emprendidas. "No somos delincuentes. ¿A qué decisiones de consecuencias irreparables se refiere la Xunta para justificar su petición de suspensión cautelar?", se preguntó ayer antes de dirigirse a todos los consejeros metropolitanos y a los seis alcaldes del PP que decidieron abandonar el organismo para que expliquen a la ciudadanía "por qué decidieron judicializar el Área Metropolitano cuando no quisieron llevar el transporte metropolitano a los tribunales pese a que esa opción aparece recogida en el convenio".
Pazos acusó al PP de impedir que los vecinos de 13 concellos -Gondomar no tiene conveniado el transporte- puedan estarse beneficiando ya de descuentos para viajar por Vigo por su negativa a implantar el modelo de transporte que propone la capital metropolitana, subvencionando el viaje de entrada a la ciudad más un transbordo a otro autobús urbano y el viaje de salida desde Vigo hacia la comarca también con opción de transbordo. "Tendrán que explicar por qué no dejan ahorrar a los usuarios desde ya", les criticó el regidor de ACE, que insistió en que el gobierno metropolitano "va a seguir trabajando" y ha decidido crear cinco comisiones para avanzar en temas de exclusión social, patrimonio cultural, pobreza energética o empleo.
"Unos hablamos en positivo buscando el bien de los vecinos y otros solo actúan en negativo", reprocharon los alcaldes de PSOE, BNG y Marea a los del PP. Si no se produce la suspensión cautelar del Área ven "perfectamente posible" seguir avanzando en materia turística, social y de empleo a través de convenios bilaterales o acuerdos en grupo.
Bloqueo autonómico
Esta sería la fórmula para sortear "el bloqueo a la cesión de competencias" que prevén por parte de la Xunta mientras no se resuelve el recurso por la vía contenciosa. En opinión de Eva García, el Gobierno gallego "está instrumentalizando a sus funcionarios públicos para lograr los objetivos del PP como partido" y lamentó que "estén dando una patada a la legalidad vigente".
Los alcaldes consideran "insostenible" el recurso autonómico y Caballero destacó ayer que todos están "indignados"por el "abuso de autoridad del PP". El alcalde de Vigo también dejó claro que él invitó desde el primer minuto a la Xunta a recurrir las diferencias sobre el sistema de tarifas del transporte en los tribunales, pero "jamás" contempló que se actuase por vía contenciosa contra el Área Metropolitana. A este respecto, acusó a la portavoz municipal del PP, Elena Muñoz, de ser "una mentirosa patológica" por intentar "confundir" a los vecinos y subrayó que "eso es lo peor que se puede decir de alguien que está en política".
En opinión de Caballero, Feijóo "está intentando robar un mandato al gobierno del Área" paralizándola dos años en los tribunales. "Los que estamos aquí representamos al 82% de la población y Feijóo quiere que una minoría del 18% sea la que decida. Esa es su idea de democracia", le reprochó al tiempo que advirtió que los alcaldes que forman parte del gobierno "estamos cada vez más cohesionados y sabemos lo importante que es actuar juntos". Sobre las motivaciones del presidente de la Xunta, el presidente del Área aseguró que "no quiere que 14 alcaldes ahora y 30 en el futuro le reclamen de forma activa cuestiones como aparcamiento gratuito en el Cunqueiro".
