Al segundo intento pudieron declarar las partes involucradas en la demanda de propiedad comunal de los montes de la parroquia de Aldán. Al menos sí prestó declaración el vecino que encabeza la demanda en nombre del resto de la parroquia, José Bermúdez. También lo hizo la responsable de Geriatros, la residencia de ancianos construida en terrenos que se demandan como comunales. No se personaron los titulares del resto de sociedades mercantiles propietarias de estos terrenos, que delegaron en sus representantes legales. Tampoco se personó el Concello de Cangas.

Con el apoyo de medio centenar de vecinos de Aldán, parte de los cuales acudieron al juzgado pontevedrés en un autobús, José Bermúdez respondió a las preguntas de los abogados defensores con el objetivo de dejar claro que la parroquia de Aldán conoce a la perfección cuáles son los montes históricamente considerados como comunales y que entiende "usurpados". La estrategia de la defensa de los demandados consistió, principalmente, en tratar de retirar la legitimidad de José Bermúdez para representar a los vecinos de la parroquia y en tratar de deslegitimar a la asamblea de vecinos que delegó en él la responsabilidad de iniciar todo el proceso.

Los abogados defensores pusieron en cuestión aspectos como que en las asambleas vecinales no se levantase acta ni se registrasen los datos de todos los asistentes para comprobar que efectivamente son residentes en Aldán. También pusieron en cuestión que los demandantes sepan de forma certera los límites de los terrenos que reclaman como comunales. Asimismo, buscaron poner en cuestión el conocimiento del demandante sobre el territorio de la parroquia, aunque a preguntas de su propio abogado, José Bermúdez dejó claro que los montes en litigio eran utillizados como comunales para pastoreo y otras actividades durante su infancia "e tamén o empregaron así os meus pais e os meus avós".

Por parte de Geriatros, la responsable de la empresa alegó que cuando adquirió los 9.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de la residencia, en 2004 con una inversión de unos 7 millones de euros, no fue informada en ningún momento de que los terrenos podrían ser objeto de un litigio al reclamarse su titularidad comunal.

A la salida de la sesión, el abogado que defiende los derechos comunales, Calixto Escariz, se mostró tranquilo y mantuvo que "no cabe duda de que los terrenos en litigio son comunales". En este sentido, asegura que la estrategia de la defensa de poner en cuestión la legitimidad del demandante no llegará a buen puerto, "porque al tratarse de un acto de defensa, puede actuar cualquier particular en beneficio de los comuneros, sin necesidad de que las asambleas tuviesen un quórum ni las votaciones una mayoría constatada", concluye.