Cuando se pide una hipoteca a una entidad financiera, esta suele introducir una cláusula en el contrato por la cual renunciamos a que nos comunique la cesión (venta) del préstamo a un tercero, generalmente fondos de inversión que a su vez lo vende en el mercado financiero fraccionado en títulos. Es lo que se denomina "titulación de un préstamo", y en la práctica supone que el banco que lo concedió deja de ser el acreedor, que pasa a ser ese tercero que resulta muy complejo identificar y que muchas veces provoca efectos perniciosos sobre las personas que tienen que pagar las hipotecas.
El PP de Cangas cree conveniente abrir un debate que permita plasmar una postura conjunta del consistorio sobre este asunto, "onde se contemple o apoio total e garantice a protección" de las personas que, siendo titulares de préstamos hipotecarios, puedan verse afectadas por la venta de activos por parte de los bancos a fondos de titulación hipotecarios. "Pensamos que unha proposta puidera ser a que se leva aprobando de forma unánime en moitos municipios de España", señala el edil popular Pío Millán, que firma la moción presentada para su debate plenario.
En el texto se insta a exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que funcione como un verdadero registro público, organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titularizados, con el fin de poder ofrecer a las familias afectadas, "de forma clara e accesible" si su hipoteca ha sido titularizada y en qué fondo. También se solicitar a las entidades financieras que publiquen en su web, junto al folleto y la escritura de constitución del fondo, la relación de activos que lo componen, y demandar al juez decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera certifique si el préstamo fue titularizado o no.
En los dos últimos puntos de su moción, el PP insta e enviar copia de la misma a la CNMV, al Consejo General del Poder Judicial, a las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en Cangas, al Banco de España, al Congreso de los Diputados, a la Xunta de Galicia y todos los colectivos y asociaciones implicados de algún modo en este problema, así como dar información sobre ello en la página web del Concello.
