Balance de reclamaciones de 2015

La Valedora recomienda a la Diputación más transparencia en la selección de los bomberos

La comarca presentó 75 reclamaciones menos que en 2014 ante el Alto Comisionado -Advirtió en 5 ocasiones al Concello moañés de su obligación de colaborar -Los pensionistas retornados pidieron la mediación de Milagros Otero

30.06.2016 | 04:55
Una actuación de los bomberos de O Morrazo en la comarca. // S.A.

La comarca de O Morrazo presentó 75 quejas menos a la Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, que en 2014, según el informe que acaba de presentar al Parlamento de Galicia, en donde sin embargo, estos concellos aportan casos dignos de destacar en su informe y que giran en torno a la reclamación por la selección de bomberos del Consorcio Provincial, dependiente de la Diputación; la denegación por el Concello de Cangas de la exención del impuesto de vehículos para discapacitados, la devolución de los tributos de los pensionistas retornados o la falta de plazas de asistencia para personas con discapacidad.

Cangas es el municipio que, en esta ocasión presenta más quejas: en total 51 y repite número; Moaña, que en 2014 era el que más se quejaba con 98, baja ahora a 32; y desde Bueu tan sólo se presentaron 7 (en 2014 fueron 16). Sin embargo, Moaña es el único municipio de la comarca que aparece en la relación de ayuntanmientos a los que la valedora tuvo que llamar en varias ocasiones la atención por falta de colaboración, en concreto en cinco ocasiones, la mayor cifra de todos los de la provincia junto a Gondomar. A Estrada figura con 1 vez, Caldas (1), Dozón (1), Gondomar (5), Marín (3), Ponteareas (3), salceda (1), Sanxenxo y Silleda (1) y Vigo (3). En seis ocasiones también se reiteró al Concello moañés para que informara en plazo. En cuanto a quejas contra los Concellos, en el balence de 2015 figuran 2 contra el de Bueu, 5 contra el de Cangas y 3 contra Moaña.

La valedora dedica varias páginas a la contratación pública y aquí aparecen quejas por la convocatoria de plazas de bomberos en el Consorcio Provincial, al que pertenece el parque de Bueu, y que realiza la empresa Martinsa en su condición de adjudicataria del contrato de gestión del servicio contraincendios. La Diputación sostiene en su informe que no son de aplicación las normas de acceso a la función pública, ya que se traspasó la función a empresas de gestión mediante concesión y que en el proceso de selección se cumplió con el pliego de cláusulas administrativas.

Pero la valedora recuerda que tiene el deber de fiscalizar y supervisar las actuaciones encomendadas, en las que se dispone de fondos públicos, que resulta indiferente que el Consorcio delegue sus funciones en una empresa privada, "pues sigue teniendo titularidad dun servizo público que utiliza recursos humanos. Esta titularidad pública e a utilización de fondos públicos no funcionamento implica que son totalmente aplicables os principios que deben rexer calquera proceso selectivo para o acceso á función pública". Y, por último recomienda a la Diputación que el Consorcio dé efectividad a los principios de igualdad, mérito y capacidad, respetando los de transparencia y publicidad en los próximos procesos selectivos.

Caso de Cangas

Entre otras reclamaciones, Milagros Otero destaca la necesidad de que se reconozca la exención del impuesto municipal de vehículos en todos los casos de discapacidad y pone el ejemplo de un vecino de Cangas que formó una queja al denegarle el Concello la exención. Tras la intervención de la Valedora, el Concello aceptó la recomendación, ya que la persona que la reclama se encuentra en una situación reconocida por la Seguridad Social de incapacidad permanente y que por lo tanto es de aplicación la extensión del concepto de discapacidad previsto en el artículo 4 de la ley general de derechos de las personas con discapacidad. Recuerda la Valedora que ya en 2014 se tramitaron quejas similares para que no se cobre este impuesto, que la anterior Lei 51/2003 de igualdad de oportundiades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad generaba cierta confusión pero el posterior Real Decreto 1/2013 concretó la consideración de personas con discapacidade a "aqueles a quen se lles recoñeceu un grado de discapacidade igual o superior ao 33 por cento". Por tanto, dice la Valedora, ya no existe la mención expresa que antes contenía la ley "para os efectos desta lei" y que, por lo tanto, el Concello de Cangas está obligado a la aplicación del texto legal. En la reclamación, el vecino de Cangas señala que tenía una incapacidad permanente para su profesión habitual y que le dijeron que dicha incapacidad lleva el reconocimiento de un 33% de discapacidad, como mínimo.Sin embargo, al solicitar en el Concello de Cangas la exención del impuesto, le responden que no se lo conceden mientras no presente el "certificado de minusvalía de la Xunta". El problema es que la unidad de valoración de discapacitados de la Xunta dice que solamente le concedió un 20%, aunque le aseguraron que no había problema que con presentar la resolución del INSS junto con la Ley del BOE, cualquier organismo le reconocería el 33%. Sin embargo, el Concello se ciñe al certificado de la Xunta.

Otra de las quejas fue la de un padre de Cangas con un hijo, de 21 años, con discapacidad,que tras agotar su etapa en el Príncipe Felipe no le dieron plaza en el centro ocupacional Juan XXIII, el más cercano al domicilio, al no disponer de plazas públicas vacantes y tien que permanecer en casa mientras no se subsana. La Valedora remitió una recomendación a la Conselleríad e Traballo para que con urgencia se diera efectividad al expediente de queja porque esta persona, en su casa, tendrá un prevesible retroceso en su calidad de vida y en la atención especializada. Entre otras reclamaciones, la Valedora recibió, en persona, a una representación de los pensionistas retornados de O Morrazo, que maniestaron su profundo malestar por cómo se estaba diltando en el tiempo la solución de la problemática causada de la devolución de los tributos pagados por sus pensiones en otros países.

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