Los nuevos valores catastrales de Cangas

Soliño demuestra que la regularización fue impuesta por la Dirección General del Catastro

El portavoz del PP lamenta que el alcalde (ACE) responsabilizara al anterior gobierno - Pazos tacha de falta de ética política que los populares pidan la devolución de los 60 euros, que no se ingresan en las arcas municipales

18.04.2016 | 04:09
Asamblea catastral que se celebró el sábado en el salón de plenos de Cangas. // Marta G. Brea

El debate político sobre la regularización catastral se calienta. Tras asegurar el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, en la populosa asamblea vecinal del sábado, que fue el anterior gobierno de José Enrique Sotelo (PP) quien dio el visto bueno a la regularización en noviembre de 2014 (contestaba así a las críticas de inacción del actual gobierno), los populares se rebelan y lanzan datos y más datos, pruebas y más pruebas documentales para dejar claro que el gobierno de Sotelo nada tuvo que ver con la regularización catastral, que es una cuestión del Ministerio de Hacienda. De esa misma opinión era el alcalde, que había escapado de un enfrentamiento político, pero que involucró al anterior gobierno en la regularización para contestar a las críticas del PP.

Los asuntos relacionados con el catastro, desde la famosa movida de Cangas que costó lágrimas y sangre a los cangueses, son demasiado sensibles como dejarlos a la libre interpretación. El portal de la Dirección General del Catastro deja claro que "el procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral". La mencionada Dirección General anuncia que este procedimiento "se desarrollará entre 2013 y 2016 en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco y Navarra. La determinación de los municipios afectados y periodo de regularización para los mismos se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el BOE. La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones de su descripción catastral, se producen desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio que origina la incorporación o modificación catastral. La regularización de las descripción de los bienes inmuebles está sujeta a la tasa de regularización catastral, cuya cuantía de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización. Esta tasa debe ser abonada porque quien tenga la condición de sujeto pasivo del IBI en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral".

El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Soliño, dejó clara con esta documentación que el Concello de Cangas nada tenía que ver en esta regularización y que lo que critica es que no se hubiese actuado antes, poniendo los servicios municipales a disposición de los afectados. Asegura que si responsabiliza al gobierno es porque no actuó hace un mes y tomó las riendas para defender a los afectados por los múltiples errores en esas 4.000 altas y modificaciones. Ayer, el PP ya no insistía en la devolución de los 60 euros de la tasa que tienen que pagar los afectados por la regularización.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, tilda de falta de ética política que el PP pidiese la devolución de la tasa de los 60 euros, ya que no en un dinero que ingresa el Concello, sino que va directamente a Hacienda del Estado, además que si se hiciera eso se estaría castigando a todos los vecinos de Cangas, no solo a los afectados. Pazos afirma que el gobierno sí que actuó, que lo hizo cuando hace 15 días comenzaron a llegar las cartas y ver el alcance del problema. Afirma que hace quince días se puso personal de la empresa que había realizado el trabajo para que atendiera en la oficina del ORAL a los afectados y que la semana pasadas se puso todo el departamento de Urbanismo a disposición de los afectados para ayudarles a alegar.

Pazos espera que el PP acuda hoy, a las 19.30 horas, a la junta de portavoces con la intención sumarse a gobierno y al resto de los partidos políticos en la petición de aumento de plazo de 15 días para presentar alegaciones, además de otras medidas. Considera que toda la corporación tiene más fuerza a la hora de presionar ante el Ministerio de Hacienda.

Rafael Soliño asegura que el PP será beligerante en este tema con los responsables de lo que denominan revisión encubierta, bien sea el ministro Cristóbal Montoro o la propia empresa contratada.

También echa de menos que policías e inspectores de obras no colaboren en la tarea de ayudar a los afectados a presentar alegaciones. Recuerda que cuando fue el problema de las preferentes la culpa tampoco era del gobierno de Cangas, pero se puso de parte de los afectados para ayudarles a recuperar el dinero perdido. "Pois aquí, eles, que gobernan, deben facer igual", señala Soliño.

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