La última batalla de los empresarios para intentar legalizar el polígono empezó a librarse el pasado verano, cuando recibieron la resolución de la consellería frenando sus pretensiones y no ocultaron su sorpresa por la "contradicción" con otros informes previos de la Administración autonómica, entre ellos uno del propio departamento de Urbanismo, que los técnicos del Concello llevaban en su cartera y mostraron a la máxima responsables del departamento, Encarnación Rivas, que se disculpó por esas diferencias de criterios entre los técnicos aunque dio por bueno el más reciente. En todo caso, incidió en que los requisitos no eran insalvables, sino "de tramitación", y bastaba modificar el ámbito y aclarar otros aspectos "menores" para hacerlo viable.
Modificaciones
Los técnicos que redactan el proyecto, a cargo del estudio de arquitectura de Marcos Fernández Álvarez-Santullano, redimensionaron el ámbito reduciendo la superficie objeto de discordia, en torno a una hectárea por el oeste, colindante con monte comunal, y "por debajo del 10% del total del ámbito", que ronda los 205.000 metros cuadrados. Además de garantizar la protección del cauce fluvial que discurre por las lindes del ámbito, también recabaron un informe de telecomunicaciones y una explicación más exhaustiva de la conexión viaria interior
