El concejal de Facenda de Cangas, Mariano Abalo, "intenta maquillar con desculpas" su decisión de retirar del Pleno de la Diputación la solicitud del derogar la delegación del cobro de la contribución por el ORAL, cuando en realidad ha tenido que recular por tomar un acuerdo de forma precipitada y sin analizar minimamente las consecuencias de su propuesta. Lo dice el diputado y concejal del PP José Enrique Sotelo, que recuerda que ya advirtieron en su día de la falta de informes o estudios que avalaran la propuesta, recibiendo como respuesta que el tripartito tenía "un plan B" para corregir las carencias en materia de gestión catastral y de recaudación del IBI. "Agora decatámonos de que o plan B era dar marcha atrás", concluye Sotelo, que insiste en que el informe de Tesorería de la Diputación deja claro que será "moi complexo levar a recadación en executiva do IBI e as plusvalías", ya que desde el ORAL "non van ter acceso á información necesaria para resolver recursos e reclamacións".

Por su parte, Abalo pide al PP que abandone las críticas y haga aportaciones para mejorar la situación en beneficio de los ciudadanos. Invita a Sotelo y su equipo a "dialogar máis co grupo de goberno", así como con los técnicos del área económica del Concello. "Deben retomar o diálogo institucional, e nós estaremos encantados de escoitar outro tipo de propostas que no pleno non nos convenceron", aunque pueden retomarse en otros foros, como la junta de portavoces, explica el edil de ACE.

Aunque en su programa de gobierno se comprometieron a recuperar la gestión del IBI, Mariano Abalo reconoce que se pueden "estudiar" posibles mejoras por la vía del diálogo y que están dispuestos a escucharlas. Recuerda que la delegación de la gestión tributaria en el ORAL se acordó en pleno en 1992, siendo alcalde José Manuel Chapela Seijo, del PP, y el convenio era por diez años, prorrogable si nadie lo denunciaba con un año de antelación. Eso es lo que ha hecho ahora el gobierno de Cangas.