Urbanismo estudia la legalidad de la obra Peniche-Río Esteiro que está pendiente de pago

Mariano Abalo solicitó informes jurídicos y técnicos de estos trabajos realizados en 2006

23.10.2015 | 02:30
Desembocadura del río Esteiro en la playa de Vilariño. // Santos Álvarez

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE) , requirió informes jurídicos y técnicos relacionados con la obra saneamiento y abastecimiento Peniche-Río Esteiro-Acometida de agua en pantalán, que llevó a cabo la empresa Oresa por un importe de 26.603,07 euros en 2006. Abalo duda de la legalidad de esta obra que el Concello de Cangas tiene ahora que pagar, más los intereses correspondientes, como consecuencia de una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra.

El juzgado estima parcialmente el recurso presentado por la empresa a la que no se le pagó con el plan de pago a proveedores, por entender que no era ella quien tenía que demandar el pago de la obra, sino la entidad financiera que realizó el préstamo.

El falo señala que "ha de admitirse la legitimación activa de ORESA tanto para reclamar de la Administración un pronto pago al titular del crédito, como para reclamar para sí los intereses de demora que se devenguen teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 2/2000, cuyo apartado 4º indica que la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los setenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones. de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del prazo especial establecido".

Mariano Abalo afirma que estudiará con detenimiento toda la documentación de esta obra, porque existen muchas posibilidades que se realizara vulnerando la ley. De momento quiere ser discreto en sus comentarios, pero afirma que sería el colmo que el Concello de Cangas tuviera ahora que afrontar el pago de esta deuda del gobierno del Partido Popular y que además fuese ilegal.

La de Oresa es una de las sentencias a las que el Concello de Cangas tiene que hacer frente de forma casi inmediata, junto a la de Promalar y Acciona. Estas sentencias vieron la luz con motivo de la auditoría realizada por el gobierno municipal y avalada por el informe de Intervención.

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