La auditoría del Concello de Cangas presentada ayer por el gobierno municipal con el aval del informe de Intervención pone de manifiesto que el anterior ejecutivo agotó el 95,1% del presupuesto de 2015 entre el día 1 de enero y el 13 de junio de 2015. De un presupuesto inicial que era de 13,2 en 2015 se pasó con subvenciones y el canon del agua a 15.400.000 euros, de los que "o goberno anterior puliuse en seis meses 14.800.000 euros". El alcalde de Cangas y el concejal de Facenda, Xosé Manuel Pazos y Mariano Abalo, respectivamente, señalan que esta auditoría realizada por los técnicos municipales y avalada por Intervención desmantela "a mentira mil veces repetida" de la buena gestión económica del PP. Aseguran que es cierto que se dejó en caja 1.400.000 euros, pero que era dinero que estaba ya comprometido o en ejecución.
Los representantes del gobierno local adelantaron que el informe iba a suponer una congelación de las tasas e impuestos municipales para 2016, menos la tasa de la grúa, que iba a subir porque era un sevicio deficitario aunque no va a influir en todos los vecinos.
Ejecuciones de sentencias
También mencionó el concejal de Facenda que el Concello de Cangas debe hacer frente próximamente a ejecuciones de sentencia pendientes con el anterior ejecutivo, como la de Promalar, por la que el Concello debe pagar a la citada empresa 742.000 euros del dinero anticipado a la firma por el convenio urbanístico que permitía la construcción de entre 5.000 y 7.000 viviendas en Aldán. El concejal de Facenda también hizo mención a los numerosos reparos suspensivos que se produjeron en el pasado mandato. En el año 2011 se realizaron 106 reparos suspensivos; en 2012, 34; en 2013, 110 y en 2014, 86.
Mariano Abalo se refirió también a que a estos datos había que añadir un buen número de facturas que llevaron a tener que realizar "para non dañar a economía municipal e incurrir nunha maior demora dos pagos" un reconocimiento extraxudicial de créditos de 89.158,10 euros, recentemente aprobado, "o que fai que na practica se dispoña de tan soio 675.032,69 euros, ou sexa, o 4,34%". También mencionó el dinero pendiente de las sentencias judiciales por ejecutar: 830.917,13 euros a Promalar y 150.234,48 euros a Acciona, más un otra sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que condena al Concello de Cangas a pagar 16.795,60 euros a la empresa que realizó el pantalán de Vilariño.
Todo el equipo de gobierno quiso hacer hincapié en que se trataba de una auditoría interna avalada por la Interventora, con el propósito de que no estuvieran en juego intereses partidistas. Pazos asegura que los datos eran para que el gobierno anterior agachara la cabeza. No obstante, aseguraron que eso no iba a suponer un hándicap para que el gobierno continuara adelante. Afirmaron que las modificaciones de crédito realizadas hasta ahora fueron para sobrevivir, ya que de otra forma el Concello se colapsaría. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, recuerda que se estaba hablando de gasto corriente, que las nóminas estaban garantizadas y que era muy difícil hacer algo con 400.000 euros que quedaron tras las elecciones municipales.
El informe de Intervención señala que "Conforme cos datos obrantes na contabilidade municipal e que adxunto como anexo, o importe total dos créditos definitivos ascende a 15.549.838,42 euros, as obrigas recoñecidas ascenden a 6.624.936,77 euros e restando como créditos disponibles a 13 de junio de 2015, 764.190,79 que supón un 4,9% dos créditos definitivos do orzamento municipal a dita data". Mercedes Giráldez manifiesta que es increíble que el anterior gobierno presumiera de una gestión responsable, cuando se demuestra tanta irresponsabilidad.
