Los vecinos del edificio Pintos agotan la vía legal ante la inminencia del derribo

Los propietarios anuncian movilizaciones para impedir la demolición parcial del inmueble y apuntan al Concello -El alcalde se enfrenta a responsabilidades penales si no lo ejecuta

23.09.2015 | 04:40
El edificio Pintos, en Loureiro. // Santos Álvarez

La espada de Damocles que pende sobre los vecinos del edificio Pintos, en el lugar buenense de Loureiro, parece que se cierne de manera más peligrosa que nunca. Las distintas acciones judiciales que han emprendido acaban de ser desestimadas y las que están en curso no implican la suspensión cautelar de ejecutar una sentencia que obliga a derribar parcialmente el edificio, construido hace más de tres décadas. El Concello de Bueu ha iniciado los trámites para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aún a su disgusto, como reconoce el alcalde, Félix Juncal. "Estamos nunha especie de vía sen saída. O Concello está obrigado a executar a sentencia porque xa non estamos falando só de multas coercitivas, senón de que, en caso de non darlle cumprimento, como alcalde enfréntome a un posible delito de desobediencia e responsabilidades de carácter penal", argumenta Juncal. Hasta la fecha el regidor ya tuvo que abonar dos multas, la última de 1.500 euros, y podría enfrentarse incluso a la inhabilatación en el cargo.

Los vecinos del inmueble tienen hasta dos vías judiciales abiertas: una promovida por la comunidad de propietarios y otra por las dueñas de uno de los pisos. La primera es un recurso contra la orden de desalojo dictada antes del verano, que fue presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra. Los representantes legales solicitaron la adopción de medidas cautelares mientras se sustancia la demanda, que está en plazo. Esa petición cautelarísima fue denegada con fecha 31 de julio y comunicada el 1 de septiembre [agosto es inhábil]. Algo muy similar ocurre con el otro pleito. Se trata de un incidente de inejecución de la sentencia presentado ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG. Con las mismas fechas que el caso anterior, el tribunal inadmitió el recurso y por tanto la suspensión a la hora de ejecutar la sentencia. Ahora lo que se plantean, además de continuar con la vía legal, es iniciar movilizaciones, que serán continuas en el tiempo y que se determinarán en los próximos días.

Ante esta situación el Concello de Bueu argumenta que está obligado a cumplir con ese fallo judicial y el viernes comunicó a los vecinos que debían desalojar sus viviendas antes del 2 de noviembre. Si antes de ese día no retiran sus pertenencias y dejan las viviendas se procederá a una ejecución forzosa "co auxilio das Forzas e Corpos de Seguridade", advierte la Administración.

La resolución municipal ha indignado a los propietarios, tanto por su contenido como por las formas, carentes de sensibilidad o empatía. Son en total 19 viviendas, la mayoría primeras residencias y en el edificio viven personas con problemas de movilidad y dependencia. "Nos sentimos estafados por el Concello, el promotor, el notario, el registrador...", afirma uno de los afectados, José María Alén.

Los vecinos compraron sus pisos de buena fe y en el Registro de la Propiedad no figuraba ninguna advertencia sobre posibles cargas. "Mi suegra pidió ese documento cuando se compró, y nosotros lo volvimos a pedir en el año 1995 y no figuraba nada", ponen como ejemplo. Esto es así porque en su día el Concello de Bueu no solicitó la anotación preventiva en el Registro, lo que según los afectados hubiese evitado muchos problemas. También se hubiese evitado el problema si la administración local hubiese vigilado las obras en aquel momento. "El ayuntamiento incumplió su responsabilidad, consintió que la obra continuase y que la ilegalidad urbanística se consumara", critican. Entonces solo se paralizó durante tres meses y se impuso una multa de 300.000 pesetas de la época al promotor.

El enfado vecinal también está motivado por el hecho de que el ayuntamiento pretenda repercutirles los gastos de esa demolición parcial, todo ello sin indeminizarles ni realojarles. "Nos dice que si no retiramos nuestras cosas las colocará en la calle, sobre una lona de obra. Ya no es solo que no nos indemniza, sino que incluso nos repercute los gastos", afirman los afectados.

Los propietarios no están de acuerdo con la interpretación municipal y recuerdan que la sentencia condena exclusivamente al ayuntamiento, ni siquiera al promotor. "Los vecinos somos las víctimas de todo esto. Hemos sido estafados por diferentes administraciones, especialmente por el ayuntamiento. Sorprende que en casi 30 años ningún alcalde ni partido político fuese capaz de redactar un PXOM o PERI que permitiese la legalización del edificio. De igual modo sorprende que ningún juez sea consciente de que en lugar de pagar el ayuntamiento su culpabilidad serán los vecinos quienes lo hagan. Al final, una sentencia que debería administrar justicia acaba haciendo pagar a quien no ha sido condenado", denuncian.

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