Que la zona de acampada estuviese lista el mismo verano en el que se firmó el contrato de la concesión era imposible por una simple cuestión de plazos: la firma fue en el mes de junio de 2013, sin tiempo material para que la concesionaria ejecutase los trabajos. Todo hacía indicar que en 2014 sí sería posible, pero tampoco pudo ser. La demora en los informes y la compleja tramitación de la autorización previa lo impidieron. Éste último permiso -obligatorio porque Ons tiene la calificación de suelo rústico de especial protección- incluye periodos de exposición pública y no llegó hasta el mes de octubre. A priori, tiempo más que suficiente para que a la tercera fuese la vencida y en 2015 si estuviese listo el camping.
Esta vez fue la presentación del proyecto de ejecución y discusiones acerca de los avales que debía presentar la concesionaria lo que provocaron que la licencia definitiva no se aprobase hasta bien entrado el mes de febrero.
Desde Medio Ambiente descartan en principio que todos estos retrasos puedan derivar en una sanción a la empresa contratista por incumplimientos de plazos. En realidad la concesionaria, junto a los propios campistas, es la principal perjudicada. El tiempo de la concesión de 30 años sigue corriendo y cada vez tiene menos tiempo para recuperar la inversión realizada, que supera ampliamente los 600.000 euros.
