La comisión de investigación de la supuesta carpeta de multas de tráfico sin tramitar echó a andar ayer en Cangas sin que el gobierno local aporte pruebas de su existencia y con los reproches de la oposición por haber utilizado este asunto sin pruebas y con la intención de justificar que se delegue en el ORAL la gestión que antes realizaba la empresa Recyges. En poco más de media hora, los representantes de todos los grupos de la Corporación presentaron sus listas de comparecientes (un máximo de cinco) y ratificaron la periodicidad quincenal de las sesiones, aunque se celebrarán los lunes, alternos, y no los martes como estaba previsto, por los compromisos laborales de algunos ediles.

Como presidente de la comisión fue nombrado Jesús Graña, concejal del PP, y de suplente estará su compañera Berta Pérez. El alcalde, José Enrique Sotelo, ha decidido quedar en un segundo plano en este asunto. En su lista de comparecientes aparecen la exconcejala de Tráfico e Policía en el anterior gobierno bipartito, la socialista María José Vilas; un responsable de la empresa Reciges, el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla; y el concejal de Facenda, Pío Millán. Queda un puesto por cubrir, que el PP solo cubrirá en función de cómo vayan las investigaciones y que apunta hacia alguna persona encargada de tramitar o custodiar las multas. No hay diferencias con la lista que propone Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), cuya representante en la comisión, Maruchi Álvarez, pidió que los trámites se mantengan en secreto y no trasciendan a la opinión pública hasta que finalice el proceso. Otros concejales respaldaron esta petición.

Tampoco difiere la lista de comparecientes que reclama el BNG, representado por Héitor Mera, que incluye a las cuatro personas mencionadas y añade a la actual concejala de Policía, Marisa Prieto, por ser la responsable del departamento. En todo caso, los nacionalistas centrarán sus preguntas en Pío Millán, como autor de las declaraciones plenarias sobre una supuesta carpeta con más de mil multas sin tramitar, por importe 100.000 euros. Si no las hiciera, opinan, no habría polémica ni se constituiría la comisión para investigarla, por lo que la oposición coincide en que "sen carpetas non hai caso". La responsabilidad política recaería entonces sobre el propio concejal de Facenda, del que algunos representantes políticos ya anunciaron que pedirían la dimisión si no es capaz de demostrar sus acusaciones.

Esa es también la postura de la concejala socialista María José Vilas, que no dio a conocer su lista de comparecientes que cita su grupo. Cree que lo lógico es que sea Pío Millán quien comparezca primero para aportar la documentación. Luego el PSOE decidirá a quién llamar. Vilas discrepa con que ahora se declare secreta la comisión, con el fin de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, cuando Pío Millán no se guardó a la hora de lanzar rumores que comprometen a políticos y trabajadores. Pide que se le investigue por promover que el ORAL se haga cargo de la gestión y cobro de las multas, ya que él es trabajador de ese organismo de la Diputación, donde también gobierna el PP. Habla de actuación perversa y maliciosa que deteriora la imagen de las instituciones y cree que su contratación está en entredicho, es poco ética y políticamente escandalosa, y debe ser también investigada.

Los socialistas han nombrado a Martín Piñeiro como representante titular en la comisión y que tomará el relevo de Vilas en el momento en que esta sea llamada a declarar. Y el concejal de UPAC, Nardo Faro Lagoa, ya adelantó que llamará a declarar también a dos policías y al archivero municipal.