Vulneración de la legalidad urbanística, omisión de información a la que tienen derecho los ciudadanos, incumplimiento de condiciones de edificabilidad o dejación de funciones de la Alcaldía a la hora de ponerle freno. Son algunos de los incumplimientos que refiere un vecino de Cangas, Alfredo Iglesias, en relación a un edificio de 25 viviendas adosadas en hilera que se está construyendo en una parcela próxima a la curva da Regueira, en Darbo, cuyas condiciones también denuncia el grupo municipal de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que exigió en el último pleno, sin éxito, el precinto de las obras hasta aclarar las parcelas municipales supuestamente usurpadas y depurar responsabilidades técnicas y políticas.
La última denuncia vecinal entró ayer en el registro municipal, y repite los argumentos de otros escritos presentados el 24 de marzo y el 31 de agosto de este mismo año, pero con la agravante de las "reiteradas omisiones o inacciones" del alcalde, al que responsabiliza de no dictar una resolución estimando o desestimando los hechos denunciados contra la promotora. Entre ellos figuran la modificación de las rasantes naturales del terreno al margen de lo legalmente establecido, la variación de las cotas de arranque, los incrementos de la ocupación del suelo, la intensidad del uso y el número de plantas o alturas máximas permitidas, y las alteraciones o modificaciones realizadas al margen de lo legalmente establecido, según describe.
Pero Alfredo Iglesias incide en el déficit democrático que supone negar a los ciudadanos su derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de cualquier procedimiento que les afecte en relación a las administraciones públicas, así como a obtener copia documental y a identificar a las autoridades y al personal del departamento de Urbanismo bajo cuya responsabilidad se tramita.
El denunciante, que advierte de su intención de mantener la demanda hasta que se restituya la legalidad urbanística, pidió ayer una certificación comprensiva del estado del procedimiento derivado de sus escritos anteriores en relación a la cuestionada legalidad urbanística del edificio de A Regueira, y exige al alcalde que ordene a los técnicos municipales la incoación del expedientes administrativo y sancionador que correspondan, que se actúe contra los responsables de la promotora y que se notifique la identidad de la autoridad y técnicos responsables.
Apoyo de ACE
Los argumentos son compartidos por ACE, y así lo reiteró ayer su concejal Mariano Abalo, contrariado por la negativa del Gobierno municipal a tomar medidas "como se neste proxecto non acontecese nada ilegal". ACE considera que "non pode haber ningún tipo de permisividade con esta aberración e infracción urbanística", y mantiene bajo sospecha que en esta actuación están incluidas, "e probablemente usurpadas", propiedades municipales, que serían determinantes en la concesión de la licencia. No obstante, sus argumentos resultaron baldíos en la última sesión plenaria.
