El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó un mandamiento de demolición de parte del edificio número 2 de la rúa Noria. El mandamiento fue dirigido al Concello de Cangas y a la empresa constructora, propiedad de José Luis Álvarez Souto, pero aún no tuvo entrada en el registro municipal. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, desconocía por completo la existencia del citado documento y no pudo ocultar su sorpresa por no haber sido informada.

Había sido el Tribunal Supremo el que ratificó el fallo del TSXG que consideraba ilegal la licencia otorgada por el Concello y ya anunciaba que debía procederse al derribo de gran parte del inmueble. Transcurridos dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo y de que la parte demandante solicitase la ejecución de la misma, todo el proceso fue devuelto al TSXG, que es el que dicta ahora el mandamiento de demolición. Tiene fecha del día 1 de marzo y otorga al Concello y a la empresa constructora un plazo de tres meses para efectuar el derribo. Según el mandamiento, el día 1 de junio tiene que estar derribado gran parte de este edificio, la que se construyó encima del río Bouzós. Alrededor de 60 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de este fallo judicial. Los vecinos recibieron la noticia el lunes y no ocultaban su profundo malestar. Pese a que perdieron todas las demandas judiciales, guardaban ciertas esperanzas de que el derribo no se produjera. Ahora, la posibilidad de recurrir al tribunal de Estrasburgo, barajada en su día, le parece un poco alejada de la realidad y que no impediría la demolición. Sí es verdad que hay diferencias de criterio entre la comunidad de vecinos y la empresa constructora, respecto a cómo se debe afrontar la situación futura. No se descarta consultar casos similares como el de las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.

La alcaldesa Clara Millán fue ayer la primera sorprendida. Hasta hace poco había estado en contacto con el letrado que defiende la legalidad del otro edificio gemelo, el Noria 4, que se encuentra en parecida situación. Éste edificio, al contrario que el número dos, carece de licencia municipal. El número 2 la tenía pero fue considerada ilegal por invadir el cauce del río. También sobre éste hay amenaza de derribo judicial. Reiteró su apoyo a los vecinos y que estaba a su disposición para encontrar soluciones que impidan el derribo de gran parte del inmueble.

El abogado de los demandantes y que es a su vez parte en el conflicto, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba el día 1 de abril de 2009 que no había posibilidad de acuerdo y pedía ya que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.00 euros, según señala José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaba los demandantes, que alegaban que en esta cantidad no entraban los daños morales causados a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Los distintos alcaldes desde que se inició el proceso judicial apelaron las sentencias que ganaba la parte demandante, pese a que estaba claro que los edificios invadían el cauce del río Bouzós. "Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable. ¡Después de las que nos hicieron pasar!"

Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan también desde hace tiempo al líder de ACE, Mariano Abalo, y al ex alcalde de Cangas, el popular, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo dejó claro que fue la comisión municipal de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanística que se le abrieron a la empresa por invadir el Río Bouzós, con fecha de diciembre de 1990.

También recordó que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena y mencionó que el edil de Urbanismo en época de la gestora, Marín García Cordeiro fue denunciado por impedir las citadas obras.